El Partido Popular, Vox y Junts tumbaron este martes con sus votos en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería, presentada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria. El plan era sustituir el actual sistema de acogida de menores migrantes no acompañados, al que se adhieren voluntariamente las comunidades autónomas y cuyo ritmo de reparto está muy por debajo del que necesitan actualmente Canarias, Ceuta y Melilla. El Gobierno canario y el Ejecutivo central pactaron una solución legal —la rechaza este martes— que pretende fijar una serie de cupos obligatorios de reparto cuando cualquier autonomía sobrepase su capacidad de acogida en un 150%. En Canarias ese porcentaje está ampliamente superado, con cerca de 6.000 menores en precarias condiciones asistenciales cuando su capacidad máxima ronda los 2.000. La reubicación se haría teniendo en cuenta una combinación de criterios como la renta, el desempleo y el número de menores ya acogidos, un modelo ya aprobado por las comunidades autónomas para los citados repartos voluntarios.
