El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, que dirige la socialista María Jesús San José, ha concedido el tercer grado a dos etarras que permanecían en prisión cumpliendo sus condenas.
Se trata de Luis Mariñelarena Garciandía, condenado por participar en el atentado con coche bomba que asesinó al que fuera vicelehendakari del PSOE vasco Fernando Buesa y al agente de la Ertzaintza que ejercía de su escolta Jorge Díez Elorza.
Y de Harriet Iragui Gurruchaga, condenado por tres asesinatos en el año 2000 en Andalucía como miembro del comando etarra que actuaba en aquella época en la región.
Iragui arrebató violentamente la vida al concejal del PP en Málaga José María Martín Carpena; al del que era fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero García, y al coronel del Ejército del Aire Antonio Muñoz Cariñanos.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha censurado la decisión de otorgarles beneficios penitenciarios cuando ninguno de los dos cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para progresar en grado, que es el del arrepentimiento por sus crímenes.
Ambos presos de ETA «son exhibidos constantemente por la izquierda abertzale, principalmente Sare (movimiento apoyo a los presos de la banda) pero también por el propio Sortu (el principal partido de EH Bildu), en sus manifestaciones en las que se exige su excarcelación, lo cual prueba que no están arrepentidos», ha afirmado Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite.
«Es público y notorio que la izquierda abertzale prohíbe a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia, y sin cumplir con estos dos requisitos no se debería poder progresar al tercer grado, puesto que así está establecido en la ley».
Sin ir más lejos, recuerda, este pasado verano ambos etarras han sido exhibidos y jaleados durante varias fiestas populares, un verano en el que Covite ha documentado 71 actos de apoyo a ETA en el espacio público.
«No se puede estar con SORTU y estar arrepentido», han insistido desde Covite, que no rechaza criticar directamente que la nueva consejera de Justicia y de Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, del PSOE-PSE, haya decidido continuar con la política de concesiones de terceros grados a etarras que no están arrepentidos, tal y como hacía el PNV, que en el anterior Ejecutivo tenía en sus manos estas competencias.
Más aún, recuerdan, después de haber prometido en el Parlamento Vasco que impulsaría un cambio en la política penitenciaria con los presos de ETA. Una «decepción total», en palabras de Ordoñez, ya que no oculta que tenían «esperanzas de que su intención de revertir esta política fraudulenta del PNV fuera sincera».
