La alianza entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Burgos (175.000 habitantes), donde gobiernan juntos, ha vivido un enfrentamiento a cuenta de un plan de los ultras para que la Policía Local vigile el “empadronamiento de inmigración ilegal”. El concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, y el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, ambos del partido ultra, anunciaron públicamente el miércoles, en rueda de prensa, que iban a dar esa instrucción a los agentes, conminándoles a ejecutar “inspecciones periódicas y visitas domiciliarias” para controlar que en los domicilios de personas migrantes todos los presentes cuenten con la documentación en regla. Adelantaron también que se crearía un buzón de “denuncias anónimas” para que los ciudadanos reportaran casos sospechosos. Horas después, el PP, que ocupa la alcaldía, desautorizó a Peña y Martínez-Acitores en un comunicado en el que tildaba las medidas de meras “propuestas” y remarcaba que aún debían debatirse en el pleno y, sobre todo, que algunas de ellas no son de “competencia municipal” sino del Ministerio del Interior. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha cargado este jueves contra lo que considera una iniciativa “claramente xenófoba”.
Vox desafía al PP de Burgos con una orden para controlar el empadronamiento de inmigrantes
