La manida [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/ofensiva-resignificar-valle-caidos-expulsar-monjes-benedictinos_20231104654515b8f6ca7200014958cf.html|||«resignificación»]] del tradicionalmente conocido como Valle de los Caídos anunciada por el Gobierno va cogiendo forma precisamente después del traspiés en las urnas en las elecciones europeas del domingo y con la esposa y el hermano del presidente, Pedro Sánchez, en el punto de mira judicial. El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de una comisión interministerial para llevar a cabo la modificación prevista en la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 y pospuesta hasta el momento.
En rueda de prensa tras el Consejo, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señaló que se trata de un paso «importantísimo» para convertir este espacio «en un lugar que fomente los valores constitucionales y democráticos». La ministra de Educación reiteró que el Gobierno está comprometido con la memoria democrática y con la necesidad de promover el conocimiento y la reflexión del pasado.
La comisión, explicó Alegría, se pondrá en marcha en un mes y estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la integrarán también los ministerios de Presidencia y Justicia (Félix Bolaños); Hacienda (María Jesús Montero); Transportes y Movilidad Sostenible (Óscar Puente); Trabajo y Economía Social (Yolanda Díaz); Transición Ecológica (Teresa Ribera); Vivienda (Isabel Rodríguez); Cultura (Ernest Urtasun), y Ciencia e Innovación (Diana Morant), además del titular de la Presidencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (en este momento, Ana de la Cueva).
Desde que en la nueva normativa se determinó que habría un nuevo estatus para el mausoleo inaugurado en 1959 solo era cuestión de tiempo que se abordara un capítulo que se presume complejo. El pasado 21 de marzo, Ángel Víctor Torres anunció la próxima «extinción y liquidación» de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, así como la elaboración de un real decreto para regular la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del enclave, en aplicación del artículo 54 de la Ley de Memoria Democrática, con la intención de convertirlo en un centro de interpretación. Y sobre la recurrente «resignificación», adelantó que el Gobierno abrirá posibilidades para un estudio en el que haya propuestas de expertos. «Pero en cualquier caso debe ser un lugar que reivindique lo contrario de lo que reivindicó durante 50 años», dijo el titular de Memoria Democrática, que se refirió también a uno de los puntos más polémicos: la expulsión de la comunidad benedictina.
Según Torres, antes de que termine 2025, los monjes serán desahuciados vía Consejo de Ministros. Un punto «complicado», según la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, por la «vigencia de los acuerdos entre España y la Santa Sede».
«Un convenio a dos partes no se puede romper de manera unilateral», advierte Pablo Linares, presidente de la ADVC. «Saben que expulsar a los benedictinos les va a costar mucho trabajo y desde esta entidad confíamos en las más altas autoridades de la Iglesia para evitar lo que sería una absoluta sinrazón, porque no han hecho nada reprochable».
De igual modo lo contempla la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). «Reiteramos, una vez más, que la Basílica es un lugar de culto que, conforme al Concordato, goza de inviolabilidad entendiéndose esta como inmunidad frente al poder estatal», asegura su presidente ejecutivo, Juan Chicharro.
Para Linares se trata de «una nueva cortina de humo». Porque la estrategia del Gobierno con Cuelgamuros se remonta precisamente a la exhumación de Franco, antes de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. Se repitió en abril del año pasado, en vías de la votación para municipales y autonómicas, con José Antonio Primo de Rivera y la reinhumación que pidió la familia, pero orquestada por el Ejecutivo.
Volvió a ocurrir el 12 de junio, a las puertas de los comicios generales del 23J, cuando arrancaron las obras para habilitar las criptas de la Basílica previas a las exhumaciones reclamadas por 160 familias. Además, en abril, y antes del carrusel electoral de vascas, catalanas y europeas, Sánchez se interesó in situ por estos trabajos.
Hace un año, Moncloa lanzó una página web oficial para impulsar «una nueva mirada» al recinto en la que consultar la trayectoria de Cuelgamuros desde una óptica memorialista. El objetivo, en general, es «dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos».
De momento, y aunque como primer paso se dijo que habían cerrado la tienda ubicada a la entrada de la Basílica, el establecimiento sigue funcionando a cargo de Palacios y Museos, empresa especializada en la gestión de servicios en museos e instituciones culturales.
Problema añadido es que el paso del tiempo no hace sino acrecentar el estado de ruina de todo el conjunto, denunciado en reiteradas ocasiones por la ADVC, que lucha por una declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) que evite este declive.
Pero la Comunidad de Madrid ha desoído su llamamiento, porque entiende, erróneamente según la asociación, que corresponde hacerlo al Gobierno de España.
Precisamente ayer, Isabel Díaz Ayuso acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «sacar el ‘francomodín’ ahora» que «las cosas van mal». «Es algo que solo aspira a alimentar heridas que ni siquiera conocíamos los que hemos nacido en democracia, que siempre aspiramos a un país unido, de ciudadanos libres e iguales ante la ley y las oportunidades, y no a reescribir el pasado, que no nos lleva a ningún lado, puesto que no se puede gobernar unos ciudadanos contra los otros», terminó, según declaraciones recogidas por la agencia Efe.
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“Ya está bien de cobardía de la jerarquía eclesiástica”
“El Valle de los Caídos se creó como símbolo máximo de la reconciliación y la evidencia de esto es la Cruz, símbolo de la fraternidad humana. Ese es el objetivo de los que hablan de reconciliación, personas llenas de odio, rencor y sectarismo”, afirma el presidente de la Fundación Franco, Juan Chicharro. “Sí, quieren derribar la Cruz, fase final de esa resignificación”, afirma. “De nuevo hacemos un llamamiento a la cristiandad del mundo entero para que acuda a evitar la desacralización de la Basílica y la expulsión de los monjes benedictinos”.
“Instamos a la Conferencia Episcopal, que calla y se esconde, a que defienda la Cruz más grande del mundo y se enfrente al Gobierno socialcomunista. Ya está bien de cobardía”. “Porque”, continúa, “la cultura de la civilización cristiana es el fundamento de nuestra Patria y si la jerarquía eclesiástica no defiende el Valle de los Caídos, los católicos de a pie nos rebelamos y aprestamos a dar la batalla sin su apoyo, que nos sobrará ya para siempre. Reiteramos nuestra petición a nuestros hermanos en Cristo, sea cual sea su nacionalidad, a apoyar con sus oraciones que no se cometa tamaño sacrilegio”.
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