«Tenemos una capacidad óptima para funcionar con unos 550 o 600 internos, pero ahora mismo son 766 los presos en la cárcel», asegura José Gallegos, responsable de CSIF en la Sección Sindical del centro penitenciario de El Acebuche, en Almería. Antes, denuncia, «solíamos tener una o dos agresiones al año y ahora, en los últimos seis meses, vamos por ocho». El sindicato alerta de la «situación insostenible» que viven los trabajadores de unas instalaciones que están «masificadas» y donde se producen «dificultades» para controlar a los internos, como el último episodio violento por el que acabó fracturado en uno de sus dedos un funcionario de prisiones, después de intervenir en una reyerta. Durante la apertura de puertas del módulo 2, diez internos atacaron a un undécimo que ya tuvo que ser aislado el día anterior por una pelea con otro preso.
«Se abrieron cuatro departamentos más y el centro de reinserción social, pero no se incrementó la plantilla», apunta Gallegos, señalando que «según el propio Ministerio del Interior hay 60 plazas sin cubrir en El Acebuche». «Actualmente hay un déficit de plantilla estructural de un 18% con respecto al año 2014, es decir, la plantilla del está conformada por 326 efectivos, mientras que las RPT indican que debería estar completa con 369».
Después de concentrarse a las puertas del centro penitenciario para pedir la dimisión de la subdirectora de Régimen de El Acebuche, Pilar Casado, por «las malas gestiones realizadas y la toma de decisiones arbitrarias en los últimos episodios violentos que han tenido lugar», desde CSIF indican que «la superpoblación reclusa te crea problemas siempre, en cualquier actividad cotidiana», con «alteraciones en cualquier quehacer diario», «disputas por espacio» o retrasos en las comidas. «Necesitamos que haya traslados masivos a otros centros de forma inmediata», solicita el responsable sindicaldel CSIF, ante una «inadmisible» carencia de efectivos que hace que los efectivos existentes «afronten su trabajo diario con una enorme falta de medios y bajo una gran presión».
Críticas que negó el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, señalando un «descenso» durante la última década en la cárcel almeriense de hasta el «36% menos de internos» y aportando datos como que hay «en torno a 760 personas» en el centro penitenciario mientras que hace «una década aproximadamente» existían «500 internos más, más de 1.200». El representante del Gobierno quiso «poner en valor la magnífica labor que realizan los funcionarios y funcionarias de instituciones penitenciarias» de El Acebuche que trabajan con «unos niveles muy inferiores» de internos con «respecto a los que había anteriormente».
Sin embargo, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso la central sindical, en 2014 el número de presos «era de 756 y no 1.200, como hizo referencia» el representante del Ejecutivo Central en Almería. «Entendemos que esa cifra podría corresponderse a hace más de 20 años, pero no a datos de hace una década», matiza Gallegos, argumentando que «habrá diez presos menos que entonces, pero también 50 celdas menos». Y es que, mientras hace diez años había operativos 503 alojamientos para reclusos, ahora están en servicio un total de 453.
También el sindicato de trabajadores penitenciarios «Tu Abandono Me Puede Matar» (TAMPM), mayoritario en el Centro Penitenciario de Almería, lleva tiempo reclamando «mayor dotación personal y de medios» en un momento en que las cifras de agresiones a trabajadores penitenciarios están disparadas, con «hasta 508 se contabilizadas en 2023» en todo el territorio nacional. «Tenemos la necesidad urgente de ser reconocidos agentes de la autoridad, así como que nuestra profesión sea considerada como profesión de riesgo», reclamaron mediante comunicado tras las últimas agresiones, entendiendo que «la administración penitenciaria debería proporcionar a sus trabajadores una formación continua y eficaz para afrontar este tipo de incidentes tan frecuentes».
Por su parte, el Partido Popular a través de su diputada nacional, Maribel Sánchez, indicó el “gravísimo problema” que existe en la prisión de Almería, con “situaciones de riesgo” para estos profesionales, como “continuas peleas entre los presos, muchas de ellas originadas porque no existe una clasificación efectiva de los mismos”. Además, reveló “intentos de fuga como el que se produjo el pasado 24 de abril cuando un preso que se encontraba en la enfermería se escapó, aunque pudo ser interceptado después de poner en marcha el protocolo existente para estos casos en colaboración con la Guardia Civil y en el tejado de la prisión”.
Sánchez ha mantenido encuentros con todos y cada uno de los sindicatos presentes en la prisión de El Alcebuche, el último con la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (AFP), porque es “una de las plantillas de funcionarios más envejecida de España, con una media de 54 años”, y “uno de los centros penitenciarios más antiguos de Andalucía y uno de los peores de España. Todo ello hace “imprescindible que se tomen medidas para paliar una situación que en algunos módulos de la prisión es tercermundista”, valoró la diputada popular. No se descartan nuevas movilizaciones de los representantes de los trabajadores de la prisión almeriense en repulsa por la situación.
