Hasta diez ocasiones distintas se pueden contar rápidamente si se hurga en la hemeroteca de acciones judiciales del sindicato Manos Limpias contra dirigentes y cargos públicos del PP en los últimos 16 años.
Al igual que ahora denuncian por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, antes ya impulsaron investigaciones y llevaron a sentar en el banquillo a conocidos nombres de las filas del PP.
Un sindicato «ultraderechista», en palabras del líder socialista, que también judicializó la gestión de los populares al frente de instituciones públicas y la gestión interna de la formación.
En 2008, por ejemplo, denunciaron al que era alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y al concejal responsable del distrito de Moncloa por imprudencia grave por omisión al no haber cerrado el pub en el que asesinaron tres porteros al joven Álvaro Ussía.
Lograron en 2010 la condena a un año y nueve meses de cárcel e inhabilitación para la exalcadesa popular de la localidad toledana de Casarrubios Noemí López García por haber comprado con dinero público 5.000 llaveros por más de 29.000 euros al negocio de los padres de su principal asesor.
En 2012, Manos Limpias pidió que se citase a declarar como testigo por la tragedia del Madrid Arena (en la que murieron cuatro jóvenes) a la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y se imputase por su presunta responsabilidad al que ejercía de vicealcalde, Miguel Villanueva.
Un año después, pidieron investigar en el «caso Nóos» la presunta donación irregular de 120.000 euros de Ruiz-Gallardón a una fundación de Iñaki Urdangarin.
Ese mismo año 2013, reclamaron al juez del «caso Bárcenas» imputar al asesor popular Pedro Arriola por haber cobrado supuestamente 1,4 millones de euros de una contabilidad paralela. Hizo lo propio también con Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes o Francisco Álvarez Cascos, a los que atribuía responsabilidad en la supuesta financiación opaca del PP nacional.
Manos Limpias fue responsable, igualmente en 2013, de la judicialización del «caso Bárcenas» con una acusación contra el extesorero de alzamiento de bienes, delitos contra Hacienda y falsedad en documento mercantil.
También el sindicato de Miguel Bernad exigió a la Fiscalía Anticorrupción que se responsabilizase como «cómplice» al PP de los delitos fiscales por los que se investigaba a los extesoreros de Génova Luis Bárcenas y a su antecesor, Álvaro Lapuerta.
Años después, en abril de 2016, volvieron a denunciar, esta vez por fraude, prevaricación y tráfico de influencias ante la Fiscalía de Madrid, a la exalcaldesa de la capital Ana Botella por la venta durante su mandato de 18 promociones a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento madrileño al fondo de inversión Blackstone.
Ese mismo año denunciaron a Mariano Rajoy por supuestamente haber utilizado fraudulentamente la póliza médica de su mujer como trabajadora de Telefónica para obtener descuentos de hasta un 80% en revisiones odontológicas que abonaba el gigante de la telefonía.
También aquel 2016 pidieron, durante el juicio del «caso Nóos», que se dedujera testimonio contra la histórica alcaldesa valenciana del PP Rita Barberá al entender que «faltó a la verdad» por asegurar que durante reuniones que mantuvo Urdangarin y su socio, Diego Torres, para impulsar unas jornadas paralelas a la Copa América en la capital de la Comunidad Valenciana no se concretó nada.
En octubre de 2018, el sindicato de funcionarios retiró en el juicio de los ERE, en el que estaban personados, los cargos de prevaricación a los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía del PSOE. También contra el presidente socialista Andaluz Manuel Chaves y su sucesor, José Antonio Griñán. Pasaron así de acusadores a prácticamente defensores bajo la justificación de que no querían generar a algunos de los encausados «una lesión gratuita».
