Hondo malestar en Castilla y León por el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, en el que se recoge textualmente que algunas regiones como Castilla y León, Galicia y Aragón están «haciendo caja» con la atención a la Dependencia.
En dicho documento se afirma que durante el Plan de Choque que puso el Gobierno en marcha entre 2020 y 2023 se aumentó la financiación para atender a las personas dependientes un 138 por ciento mientras que las regiones solo lo hicieron un 9 por ciento.
«Con este Plan de Choque estas autonomías aliviaron sus arcas autonómicas en lugar de aumentar la atención a los dependientes», se dice en el informa. Este hecho ha indignado sobremanera a la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, que no solo ha negado que estén haciendo caja sino que, además, reprocha al Gobierno de España que no esté cumpliendo con su parte en la aplicación de la Ley de Dependencia.
«La norma establece que ha de aportar el 50 por ciento de la financiación y lo que revela el informe es que Castilla y León aporta el 67 por ciento mientras que el Ejecutivo central únicamente destina el 37 por ciento», explicaba Blanco, quien recordaba que solo en el año 2022 y en 2023 a Comunidad llevó a cabo un gran esfuerzo inversor en este ámbito en sus presupuestos con 502 y 516 millones de euros respectivamente.
«Lo que se pone de relieve es el déficit del Gobierno con Castilla y León», insistía la número dos de la Junta, quien destacaba que Castilla y León es líder en prestación de servicios, no tiene lista de espera y es la tercera Región que más invierte en dependencia. Además, pedía Sánchez una financiación autonómica «justa y suficiente» para poder seguir prestando esta atención de calidad.
