El Gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni va a poner en práctica la mano dura que siempre ha prometido a sus electores para poner orden. Por ejemplo, será delito penal castigado con hasta dos años de cárcel cortar carreteras o vías férreas, aunque sea de forma pacífica, algo frecuente en protestas sindicales o ecologistas y que hasta ahora acarreaba una sanción administrativa. También lo será resistirse pasivamente a un agente en la cárcel o en un centro de acogida de migrantes. Por todo ello, la oposición ya ha bautizado el decreto como “anti-Gandhi”.
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