No albergábamos muchas dudas sobre las intenciones de Pedro Sánchez de agotar la Legislatura e incluso de fortalecer su poder con el desmantelamiento acelerado de todos los contrapesos de la democracia con el propósito de perpetuarse en La Moncloa. Conjeturar sobre planes o intenciones en torno a un adelanto electoral, de abatimiento o hastío del presidente, de un repliegue por el temor a la corrupción familiar es libre, y puede que hasta veraz, pero no deja de ser una especulación. Confundir deseos con realidades solo nubla el pensamiento y normalmente propicia el error. Esperemos que la oposición lo tenga tan claro como Sánchez su voluntad de aceptar cualquier pago a los enemigos de la España en libertad, que son sus cómplices, con tal de esquivar el escrutinio del pueblo en unos comicios generales. El sanchismo conoce y sufre la debilidad parlamentaria de un presidente que fue derrotado en las urnas. Su incapacidad para legislar es incontestable, lo que confiere a su administración un signo de interinidad, con los Presupuestos como gran interrogante. Una segunda prórroga de las Cuentas podría precipitar acontecimientos incluso en una personalidad cesarista como Sánchez. Por esa razón, sus maniobras de los últimos días persiguen un viraje de 180 grados con una recomposición de la mayoría de investidura sea cual sea la factura. Bildu ha sido la encargada de publicitar que parte de su tarifa será la derogación de facto de la Ley de Seguridad Ciudadana después de que el Gobierno haya aceptado todas las demandas que había rechazado en la anterior legislatura y que hicieron encallar la reforma de la norma. En síntesis, la regulación impuesta por el brazo político de ETA debilita a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a las que atribuye de facto la condición de sospechosas, mientras, bajo la cantinela del falso garantismo y los derechos, favorece a quienes amenazan el orden público y se socava la autoridad. La desobediencia y resistencia, las faltas de respeto a los agentes, las devoluciones en caliente en la frontera y la prohibición del uso de pelotas de goma serán papel mojado a mayor gloria de los legatarios de los terroristas. Lo expresó mejor que nadie un joven agente ante el ministro Marlaska en el Día de la Policía, al tiempo que pedía «una ley fuerte que proteja el bien»: «Se idea la forma de quitarnos autoridad para dársela al criminal». Es una certeza que ni las fuerzas de seguridad ni las víctimas del terrorismo son escuchados ni atendidos por el Gobierno, sino al contrario. Las excarcelaciones y los terceros grados a los etarras, los mismos que Marlaska prometió que no sucederían, obedecen a ese contubernio entre Sánchez y Otegi, con la consejera socialista y la Fiscalía como brazos ejecutores de los privilegios a los asesinos. Sánchez robustece, o eso cree –Puigdemont es un verso suelto–, su frente parlamentario a costa de un estado de derecho que quiere amordazado, con menos libertad y menos seguridad.
