La Comisión Europea ha decidido retrasar un año la entrada en vigor de la regulación que exige que los productos agroalimentarios que entren en la UE provengan certificadamente de tierras no deforestadas recientemente. El retraso, en apariencia menor, es una señal preocupante más acerca de la capacidad del Ejecutivo europeo de mantener el compromiso con su propia agenda verde, así como su capacidad de resistir a las presiones de las empresas, de los grupos de interés internacionales e incluso de algunos Estados que exigen una rebaja de ese compromiso.
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