El Gobierno español pasado raspado el examen de los auditores europeos sobre la gestión de los fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación. No han llegado a suspender a los gestores españoles, pero han criticado la “insuficiente diligencia” con la que han tramitado hasta ahora los fondos recibidos. Así lo ha constatado el Tribunal de Cuentas de la UE, que en su informe sobre la ejecución de fondos europeos del ejercicio 2023 -el último completo- han determinado que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de controlar, verificar e informar del destino y la forma de distribución de la mayoría de los fondos.
Los auditores fiscalizan anualmente los ingresos y los gastos de los estados miembros de la Unión Europea y examinan si sus cuentas anuales son fiables, además de analizar el reparto que se ha hecho del Plan de Recuperación. Una opinión “desfavorable” significa que los auditores han detectado problemas generalizados, como ha sido en el caso de España. En el informe citan textualmente que, en el caso de España, “el sistema de control no contiene información completa sobre el progreso de hitos u objetivos, ni sobre titulares reales, fuentes de financiación de la UE e importes pagados”, los que significa que los auditores desconocen cuánto dinero se ha entregado, a quién y por qué. En concreto afirman que “el gran problema del plan es que es muy difícil poder seguir dónde está el dinero”.
Pese a ello, el Tribunal reconoce que estos hechos “no conllevan que se haya cometido un fraude o irregularidad” por parte del Gobierno español, aunque advierten que estas deficiencias pueden poner en peligro futuras concesiones y aprobaciones de hitos.
Los problemas para España con el sistema de control no son nuevos, ya que las criticas y las advertencias son recurrentes desde el cierre de 2021. En el informe, los auditores recuerdan que la Comisión Europea dio su visto bueno al hito que obligaba a nuestro país a aprobar un mecanismo de control para subsanar las deficiencias detectadas. Al año siguiente, los auditores europeos volvieron a requerir al Ejecutivo información sobre los cambios introducidos porque no habían logrado corregir la mayoría de los fallos detectados. Pero no no hubo respuesta. Pese a ello, en el marco de la evaluación del tercer desembolso a España, la Comisión decidió dar un nuevo respiro y concedió los nuevos fondos.
Ahora, con este tercer informe, el Tribunal de Cuentas cree que España “persiste en sus insuficiencias” porque la información sobre los beneficiarios últimos de las ayudas se está incorporando de manera “gradual”, pero todavía no es “completa”, y vuelve a reiterar que el Gobierno se ha limitado a informar de que los problemas están “en vías de solucionarse” una vez que la herramienta denominada Minerva esté a pleno rendimiento. Pero, de momento, aseguran que, “en base a la información remitida, consideramos que el sistema todavía está incompleto”.
Los auditores han detallado 15 casos de hitos y objetivos definidos de “manera vaga”, lo que contribuyó a una “evaluación más discrecional de su cumplimiento satisfactorio o socavaron los resultados” que podía haber logrado el Plan de Recuperación español en términos “cualitativos, no cuantitativos”, ya que se trata de formulaciones con “deficiencias en su definición”.
Como ejemplo, el informe cita un hito que no fue “suficientemente específico” -el que exigía introducir modificaciones en la ley sobre el reglamento electrotécnico de baja tensión para que recogiera la obligación de instalar puntos de recarga exigidos en los aparcamientos que no pertenezcan a un edificio-, que no concretaba “el alcance de la obligación” ni tampoco “el número o el porcentaje de puntos de recarga que han de instalarse”, lo que provocaba que “cualquier modificación, aunque sea poco exigente, bastara para el cumplimiento satisfactorio”.
En una comparecencia virtual, el miembro español del Tribunal de Cuentas de la UE, Alejandro Blanco, ha reiterado que “las deficiencias que se detectaron en 2022 todavía persisten” y ha incidido en que los hitos de obligado cumplimiento deberían haber estado “más definidos, de una forma más concreta”, para que el desembolso estuviese ligado a una medida específica y ha vuelto a advertir que el Gobierno “debe subsanar las deficiencias persistentes detectadas en el control del plan cuanto antes”.
