La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un recurso contra el último decreto de la Generalitat en funciones con el que se blinda el catalán como lengua principal de la educación no superior catalana.
La entidad denuncia el carácter “hispanofóbo” que presenta la medida y pide en los tribunales que se suspenda su entrada en vigor. La AEB considera que este última decisión del Ejecutivo de ERC deja clara la intención de “hacer imposible” que el castellano pueda ser también lengua vehicular de la enseñanza en la región porque las fuerzas independentistas, denuncian, tienen “odio” hacia el castellano y a los ciudadanos “castellanohablantes”.
“La escuela catalana no debe tener como principal misión hacer del catalán la lengua única de enseñanza sino facilitar los instrumentos idóneos para que los alumnos adquieran los conocimientos en las mejores condiciones”, reclaman desde la asociación que preside Ana Losada y que lucha por el fin de la inmersión lingüística que se ha aplicado desde los tiempos de CiU.
Presentarán el recurso al juzgar la medida claramente como inconstitucional y alejada de la ilegalidad, pero también por ser “antipedagógica” e “inmoral” ya que, sostienen desde Escuela Bilingüe, que les usurpa a los alumnos de su derecho a escoliares en su lengua materna si son castellanohablantes y ello les condena al fracaso en su formación más temprana.
Tal y como había anunciado que haría el aún president Pere Aragonès en julio, la ejecución de esta modificación en el régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña que permite mantener el catalán como la única lengua vehicular garantizada, dejando sin este derecho al castellano.
También es, ahora, la que hay que utilizar en las actividades complementarias, extraescolares y en la comunicación interna y externa contra miembros de la comunidad educativa, es decir, entre docentes o la dirección del centro y familias o alumnos.
Habrá que ver qué recorrido tiene en el TSJC y si les acaban dando la razón y anulando el decreto que muchas voces denuncian que garantiza la marginación de la lengua común del país en la comunidad autónoma catalana.
Se exigirá con la entrada en vigor de la normativa que los docentes tengan obligatoriamente al menos el certificado de nivel C2 de lengua catalana o de occitano-aranés para dar clase en toda la Comunidad y en la comarca Vall de Aran del Pirineo, respectivamente.
