En pleno debate sobre el cupo catalán y la ruptura de la solidaridad fiscal entre las comunidades autónomas, una nueva cesión del Gobierno a un partido independentista vuelve a prender la llama del agravio. En esta ocasión la voz de alarma la da la industria auxiliar naval de Cádiz, una provincia especialmente castigada por el desempleo y que, de materializarse la medida, vería cómo se destruirían puestos de trabajo en un sector fundamental para el desarrollo de la zona y de la región.
Fue el pasado mes de junio cuando la Comisión de Industria del Congreso aprobó una proposición no de ley del BNG en la que solicitaba al Gobierno que el reparto de las 1.500 nuevas contrataciones para los astilleros de Navantia se hiciera de forma «proporcional», es decir, en función del volumen de empleo de sus centros de trabajo y no en función de la carga de trabajo. Este criterio beneficiaría a los astilleros gallegos frente a los gaditanos, ya que tienen menos empleados.
En este punto, la asociación empresarial de la industria auxiliar naval (IAN), miembro de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (FEMCA), mostró su «total desacuerdo» con introducir cuestiones políticas en los criterios de reparto de las carga de trabajo de la distintas plantas de Navantia a nivel nacional. De esta manera, expresó su preocupación ante la «presión que se viene ejerciendo desde ámbitos políticos alrededor de la planta de Ferrol, tratando de influir sobre la dirección de esta empresa pública», tras la medida presentada por el BNG en el Congreso de los Diputados.
Para esta asociación empresarial, el reparto tiene que estar fundamentado en las capacidades y en la productividad de cada una de las factorías que Navantia tiene en territorio español. «No podemos permitir que se use políticamente este tipo de decisiones para enfrentar a las industrias auxiliares del Ferrol, de Cartagena y de la bahía de Cádiz, y a los propios trabajadores internos de Navantia», indicaron desde IAN.
«Discrepamos de que se intente utilizarnos para sacar un rédito político que no compartimos desde el momento en que surge la propuesta admitida como PNL en el Congreso. No es admisible, sobre todo teniendo en cuenta que Navantia es una empresa pública. No debería haberse tramitado esta iniciativa que enfrenta a los territorios. Insistimos en nuestras capacidades. Somos solventes, la cadena de valor en su conjunto tira del sector a nivel andaluz y tenemos capacidad para contratar con la carga de trabajo actualmente comprometida, más de 7.000 personas», advirtió el colectivo, además de subrayar que este número «va en aumento con las buenas noticias que estamos recibiendo actualmente».
El diputado nacionalista Néstor Rego denunció en su intervención en la Comisión de Industria del Congreso la «discriminación flagrante» por la contratación de 100 nuevas personas en los centros de Navantia situados en la Bahía de Cádiz en detrimento de Ferrol y reclamó con éxito que la empresa pública reparta de forma proporcional entre los astilleros de toda España las 1.500 incorporaciones anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en marzo de 2023, para evitar nuevos agravios con la factoría gallega.
Los representantes de los empleados en Cádiz, Puerto Real y San Fernando anunciaron que se reunirán con los alcaldes de los municipios afectados, incluyendo a Rota, donde hay presencia de Navantia en la Base Naval, para la defensa de los intereses de Cádiz, tal y como hacen, reconocen, en Ferrol. No obstante, la decisión final pasa por la aprobación del convenio colectivo y los tres representantes gallegos en el comité intercentros son claves. La industria naval gaditana tiene ante sí una nueva lucha laboral.
