El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha mostrado este miércoles “absolutamente en contra” de la decisión de BBVA de plantear una oferta pública de adquisición (OPA) hostil a Banco Sabadell, y ha apelado a la sociedad valenciana a reaccionar para lograr que no se culmine. El jefe del Consell ya señaló la semana pasada la preocupación que la fusión de ambas entidades. La oferta que el BBVA hizo al Sabadell fue rechazada por este último.
“Es una operación que destruye valor, es una operación que destruye trabajo, es una operación que destruye territorio, es una operación que destruye competencia”, ha aseverado Mazón, quien también ha considerado que va “en contra” de la provincia de Alicante -en cuya capital se halla la sede social del banco-, de la Comunitat Valenciana y del consumidor.
A juicio de Mazón, esta OPA “no tiene ningún sentido, no aporta absolutamente nada nuevo”, y además de rechazar su contenido ha reprochado que se haya optado por unas formas “absolutamente soberbias e intolerables”.
En declaraciones remitidas por Presidencia, el presidente de la Generalitat ha manifestado que espera que la sociedad, tanto alicantina como de la Comunitat Valenciana, “reaccione en consecuencia” y entre todos se consiga que esta operación “no se culmine”.
Por su parte, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), considera que la OPA hostil lanzada por el BBVA al Banco Sabadell, pese a que posiblemente cumpla con todos los requisitos legales y procedimentales, de prosperar, restringiría todavía más el abanico de posibilidades de financiación de las empresas de la Comunitat Valenciana.
Argumentan que “la concentración del sector bancario en España ya es muy elevada”. Los cuatro primeros bancos ya acaparan el 70 por ciento de ciertos segmentos financieros, como el mercado de depósitos y cuentas, y, de hacerse efectiva esta operación, quedarían en manos de únicamente tres bancos.
La nueva operación elevaría la concentración en la oferta de crédito y prestación de servicios financieros a empresas y ciudadanos, y supondría un severo reajuste de entidades, oficinas y, en definitiva, de la oferta de crédito y financiación a nivel territorial.
Asimismo, de darse esta circunstancia, también iría en perjuicio de Alicante por la pérdida de la sede social de la entidad, que cuenta con gran arraigo en el territorio, y, por tanto, de la sensibilidad manifiesta de la entidad con el tejido productivo y social.
