El juez de la Audiencia Nacional que investiga el “caso Koldo” ha pedido a la fiscalía que se pronuncie sobre la solicitud planteada por el Parlamento balear para obtener una “copia de las diligencias que se están instruyendo” sobre la trama.
Así consta en una providencia fechada hoy y firmada por el magistrado Ismael Moreno a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. En la misma, el instructor ordena que se dé traslado de esta solicitud al Ministerio Fiscal para que informe sobre si procede acceder al requerimiento de información.
La petición la firma el presidente del Parlamento de las Islas Baleares, Gabriel Lesenne y Presedo. El documento, que fue emitido el 6 de mayo, da cuenta de la decisión adoptada por la Mesa de la comisión no permanente de investigación sobre las irregularidades producidas en la celebración de los contratos con la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, la empresa de la trama del “caso Koldo”.
La comisión acordó solicitar esta información en su reunión del 30 de abril, según consta en el documento que envió al Juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, donde se instruye la causa que investiga nueve contratos de emergencia durante la pandemia por importe de 53 millones de euros de dinero público.
Uno de esos contratos lo firmó el Gobierno de las Islas Baleares en plena pandemia, bajo la presidente de Francina Armengol, actual presidente del Congreso de los Diputados.
El contrato de la trama con Baleares fue controvertido. Según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la sociedad adjudicataria de la trama de mordidas recibió dos pagos del Servicio de Salud de las Islas Baleares. El primero de ellos por importe de 3.701.500 euros abonados por el suministro de cerca de1,5 millones de mascarillas FFP2. El segundo pago fue por importe de 56.715,24 euros, para la gestión del flete del transporte de las mascarillas desde Madrid a Palma de Mallorca.
Pero posteriormente hubo varias reclamaciones por el material entregado. El Gobierno balear le exigió a la sociedad la devolución de 2,6 millones de euros porque parte de las mascarillas no eran de las características licitadas.
La Audiencia Nacional también investiga otros ocho contratos adjudicados de emergencia durante la pandemia a la sociedad de la trama del “caso Koldo” por el supuesto cobro ilegal de comisiones. Las adjudicaciones procedieron del Ministerio de Transportes -por parte de Puertos del Estado y Adif-, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Sanidad, del Servicio de Salud de Canarias (cuatro contratos), además del del Servicio de Salud de las Islas Baleares.
