Castilla y León contará con un procedimiento “simplificado” para justificar el acceso a fondos europeos, por lo que se convertirá en la primera región de la España autonómica en disponer de este mecanismo para sus empresas, llamada a agilizar la llegada de las ayudas a sus destinatarios para que puedan realizar las inversiones.
Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante un foro económico en Valladolid, donde llamaba a aprovechar los fondos de la UE y recordaba que, aunque las ayudas propias de la Junta cuentan con un mayor margen de gestión en torno a ese proceso de simplificación administrativa, también es necesario que se acometa en torno a los fondos europeos, porque “a veces la normativa dificulta extraordinariamente” ese proceso, decía.
“Los empresarios no solo nos piden apoyo a la internacionalización, la innovación o la digitalización, sino también que esas ayudas lleguen pronto, de forma ágil y sencilla”, insistía el también portavoz de la Junta.
Por otro lado, y preguntado por los periodistas, se refería a la posibilidad de revisar al alza las previsiones económicas para Castilla y León este año después de que la Comisión Europea haya elevado las de España. En este sentido, aseguraba que aún “es pronto” y recordaba que las perspectivas de dinamismo económico son “moderadas” y hay que ser “prudentes”.
“Existen dificultades porque muchas personas no pueden llegar a final de mes”, decía Carriedo, al tiempo que hacía hincapié en que las empresas tiene que afrontar los elevados tipos de interés, la inflación sigue elevada y que la tasa de paro es “ciertamente alta”.
“Hay que ser muy prudentes y antes de echar cualquier campana al vuelo, seguir trabajando para continuar creciendo y hacerlo por encima de la media, y proseguir ganando competitividad internacional”, apuntaba, mientras avanzaba que seguirán hablando bien de sus empresas y de sus empresarios, como motor económico, en un momento en el que “tanta gente habla mal” del tejido empresarial.
Inseguridad jurídica
Por otra parte, los dirigentes de las tres principales organizaciones patronales de Castilla y León -CEOE, Cámaras de Comercio y Empresa Familiar-, que también participaban en este encuentro, compartían sus inquietudes y perspectivas de futuro, entre las que citaban el inabarcable marco normativo, la inestabilidad económica y política, los elevados costes y la dificultad del relevo al frente de las empresas, como principales preocupaciones.
Así, por ejemplo e, presidente de la CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, advertía de la “inseguridad jurídica tremenda” existente así como de la “inestabilidad política grande”, un “marco regulatorio muy cambiante” y un exceso normativo que, a su juicio, sitúa a las empresas un “situaciones de difícil retorno”.
El presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio, Antonio Méndez Pozo, incidía, por su parte, en los problemas de control de costes de producción, especialmente los vinculados al ámbito energético, pero también en aquellos vinculados con la sostenibilidad financiera, para lo que ha pedido la ayuda de la banca.
Y demandaba soluciones a los problemas con las infraestructuras y los nodos logísticos, al absentismo laboral y a la ausencia de avances reales en materia de Formación Profesional, aunque ha defendido que el Gobierno de Castilla y León “funciona” y hay “una certeza” sobre sus acciones: “Por lo menos podemos saber por dónde pueden venir las cosas”.
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Finalmente, el dirigente de la asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, Pedro Palomo, hacía más hincapié en la necesidad de ganar tamaño para conseguir empresas competitivas, y por ello reclamaba que la normativa no “penalice” ese aumento, ya que actualmente supone “mayores rigores fiscales y laborales”:
