Andalucía copa el valor de la producción nacional de aceite
de oliva con el 83,7%. Según los datos de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía (CAGPDS) la producción
agraria de Andalucía en 2021 fue de 14.046,10 millones de €, aproximadamente el
3% del valor de la producción agraria de la UE-27 y el 25% del valor de la
producción agraria española. Las producciones que más aportan a la producción
agraria andaluza son las hortalizas, plantas y flores (4.326,66 millones de €,
35,01%), frutas (3.639,06 millones de €, 29,45%), y aceite de oliva (1.223,87
millones de €, 9,90%).
El gobierno autonómico publica también que el sector agro,
con 1.079,47 millones de euros, supone el 8,5% del PIB de la provincia de Jaén
(en el año 2022). Además, la producción de la rama agraria registra 1.869,94 millones
de euros, lo que representa el 15,5% del PIB de la provincia. Entre las
producciones destaca el aceite con 1.366,42 millones de euros.
Por otra parte, el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social en Jaén contabiliza 53.472 ocupados en la actividad agraria, lo que
supone el 22,68% de los afiliados de la provincia de Jaén y el 13,25% de los
afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social de Andalucía.
Estos son algunos datos que se extraen del informe “Prospectiva
estratégica para el sector agroalimentario andaluz y extremeño” que ha presentado la Asociación de Empresarios del Sur de España, Cesur,
en Jaén. El estudio ha sido promovido por la Comisión de Agroindustria
de Cesur, y realizado por Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y de Monte, Etsiam, de la Universidad de Córdoba, en
colaboración con la comisión.
El informe ha sido presentado en
la jornada “Estrategias para afrontar los retos “imposibles” de las nuevas
políticas agrarias” que ha patrocinado Caja Rural Jaén, ha presidido
Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur, y ha sido presentado
por el coordinador del informe, Pablo Lara, Dr. ingeniero agrónomo y
profesor titular de Etsiam.
La jornada también ha contado con
una mesa coloquio en la que han participado Iván de Arteaga, presidente
de la comisión de agroindustria de Cesur y CEO de Castillo de Monclova; Antonio
Berlanga, miembro del Consejo de Jaencoop y presidente de la S.C.A. Ntra. Sra. De
Guadalupe de Úbeda; José Gilabert, presidente
de Puerta de las Villas; Julián Navarro, presidente
de Appistaco; y José Peláez, socio
director de Prenova.
Conclusiones del encuentro
En Andalucía, el sector
agroalimentario (sector agrario e industria de alimentación y bebidas) es una
de sus principales fuentes de generación de riqueza y empleo. En conjunto, las
actividades agroalimentarias aportan en torno al 15% del Valor Añadido Bruto
(13.000 millones €), el 17% del empleo regional (unos 500.000 trabajadores) y
suponen el 40% del valor de las exportaciones regionales.
En el contexto nacional,
Andalucía representa alrededor de una cuarta parte del valor de la producción
agraria en España y aporta más de un 30% del valor añadido y el empleo del
sector agrario nacional. Además, es la primera comunidad autónoma por valor exportado
de productos agroalimentarios.
Este papel se desarrolla en el
medio rural y juega por tanto un papel clave para el equilibrio demográfico y
evitar la despoblación.
Ante la importancia del sector
para la economía de la región y el bienestar de la sociedad andaluza, Cesur presentalas medidas comunitarias que están afectando y van a afectar
dramáticamente al sector agroalimentario andaluz:
– La implantación de las medidas de la Estrategia de la
Granja a la Mesa supondría, según diversos estudios, reducciones de la
producción entre un 10 y un 16%, una disminución de los ingresos y la renta de
los agricultores entre un 16 y un 25%, la pérdida de competitividad de las
explotaciones respecto a países terceros y el deterioro de la balanza
comercial.
– El Reglamento de Uso sostenible de los productos
fitosanitarios para reducir el uso de plaguicidas en un 50% puede suponer
reducciones de la producción de hasta un 25% al no disponer de herramientas que
puedan sustituirlos con la misma eficacia. El plan sobre la gestión
integrada de nutrientes para regular el uso de los fertilizantes incluye
una serie de obligaciones de asesoramiento y el uso de una herramienta digital
que suponen nuevos costes administrativos y de gestión, además de implicar
nuevas reducciones de rendimientos.
– El incremento de la superficie dedicada a la
producción ecológica disminuirá la producción agraria de la UE y
comprometerá la rentabilidad de los productores ecológicos si el incremento de
la oferta no es consecuencia de la tracción de la demanda, hay previsto un 25%
de suelo dedicado a producción ecológica y la demanda es del 8%.
– El retraso en abordar la regulación comunitaria de las
nuevas técnicas de edición genética aplicada a las plantas está
comprometiendo las oportunidades de nuestros agricultores de adaptarse a la
nueva situación climática (adaptación a la sequía y enfermedades emergentes)
con herramientas eficaces.
– Por otra parte, el Mecanismo de Ajuste de Carbono en
Frontera no incluye a los productos agrícolas, pero sí a las materias
primas que se produzcan con combustibles fósiles como los fertilizantes, lo que
supondrá un incremento adicional de costes para los agricultores, sin que haya
medidas de política comercial que beneficien la competitividad de nuestros
productores.
– En cuanto al bienestar animal, la iniciativa sobre el
fin de las jaulas puede requerir inversiones en nuevas instalaciones a
nivel de la UE entre los 2.100 y los 3.500 millones de euros en el caso de la
producción porcina, y en la producción avícola unos 3.200 millones de euros,
como mínimo, costes que difícilmente se recuperarán completamente. Al no ser la
reducción de la demanda proporcional a la caída de la producción se producirá
la deslocalización de ésta hacia otros países que no cumplen las normas del
mercado europeo.
– Las normativas sobre la degradación forestal
multiplican la carga económica y administrativa y amenazan la competitividad
del sector ganadero, provocando perturbaciones en el suministro de materias
primas.
– La propuesta sobre la captura de carbono en los suelos
basada en la medición es muy restrictiva para la agricultura, y excluye de su
ámbito de aplicación todas las actividades de mitigación, eliminando
oportunidades de negocio para los agricultores que podrían aliviar los costes
impuestos por las prolíficas medidas regulatorias. El régimen de comercio de
los derechos de emisión es difuso y están basados en aproximaciones en cuanto a
su medida. La posibilidad de sustituir cultivos productivos por improductivos
afectará negativamente a la producción. Hay otras alternativas a la de
convertir a la agricultura en sumidero.
– La regulación sobre la reducción del uso de los
plásticos incorpora un impuesto
sobre los envases de plástico no reutilizables, que la patronal de la industria
de la alimentación y bebidas de España (FIAB) calcula que tendrá un impacto de
690 millones de euros para las empresas de este sector y el resto de la
normativa sobre envases y residuos de envases podría tener un impacto en la
próxima década de alrededor de 6.000-7.000 millones de euros en costes e
inversiones que se tendrán que realizar, amenazando la competitividad y la
supervivencia de 2.400 empresas y más de
25.000 empleos.
– La Propuesta de Directiva de emisiones industriales
incluye medidas para restringir las emisiones en las instalaciones
industriales, incluidas las industrias agroalimentarias y las explotaciones con
un determinado tamaño, que obliga a una serie de requisitos que suponen de
nuevo unos mayores costes de explotación y una reducción de las producciones.
– La falta de una política de gestión del agua realista y
acorde con la nueva realidad: En el contexto de políticas europeas es
especialmente necesario el reconocimiento del déficit hídrico estructural en
el Sur de España y la necesidad de acometer un plan que solvente esta
situación, y reduzca la exposición al cambio climático que está llevando al
campo del Sur de España a pérdidas millonarias.
Para una acción eficaz, urgente y
de impacto, Cesur ha solicitado al Gobierno que implemente dinero de los Fondos Next
Generation que no se están aplicando a otros menesteres, para invertir en
infraestructuras hídricas y de transporte, embalses, tramitación rápida de
nuevas plantas desaladoras etc.
Una parte importante del sector
agrario andaluz está vinculado a la agricultura de riego, siendo la primera
Comunidad Autónoma en superficie irrigada (aproximadamente el 30% del total de
la superficie nacional regada). Cuenta además con los sistemas de riego más
avanzados y eficientes. El riego por goteo supone casi el 80% de la superficie
de riego frente al 45% nacional. La agricultura andaluza ya ha trabajado para
hacer frente a los ciclos meteorológicos con fuertes inversiones que suponen un
ahorro medio de consumo de un 30%. La apuesta de las administraciones para
garantizar el suministro no ha sido paralela a la de los regantes por optimizar
su uso.
Un estricto control de la Unión Europea sobre las
importaciones procedentes de terceros países que exija a dichos países los
mismos estándares de calidad que se aplican a las producciones europeas. Lo
contrario es consentir la competencia desleal contra sus socios comunitarios.
– La nueva Ley de Cadena Alimentaria ha supuesto una
carga administrativa de muy difícil cumplimento para todos los afectados sin
que se hayan conseguido los objetivos perseguía.
