Una forma de pillaje, aunque casi siempre legal, convivió con el coronavirus durante los meses más duros de la pandemia, entre marzo y septiembre de 2020. La adjudicación de más de 6.440 millones de euros en la compra de material sanitario, sin los controles legales habituales por la situación de emergencia, permitió que empresarios sin escrúpulos lograsen enormes plusvalías por la compraventa de material de protección, especialmente de mascarillas. Un dato que refleja el saqueo: el precio de las mascarillas FPP2 en las fábricas chinas durante los primeros meses de la pandemia osciló entre 1,3 euros y dos euros, pero los especuladores consiguieron colarlas a las Administraciones españolas hasta por ocho euros. Un 25% de muchas de estas mascarillas que se enviaron a analizar resultaron, además, defectuosas, según los análisis del laboratorio del ministerio de Trabajo habilitado para ese fin. Esta circunstancia agrava aún más el escándalo que supuso el enriquecimiento de grupos de intermediarios mientras las morgues se llenaban de muertos ante la falta de suministros para combatir el virus.
“Contratos chapuza” facilitaron el ‘pillaje’ con decenas de millones de mascarillas distribuidas sin la calidad suficiente
