Resulta cada vez más preocupante contemplar el continuo deterioro de la vida política en España, que ha alcanzado ya un nivel desconocido antes de la llegada de Pedro Sánchez a la primera línea de la misma. Con él, se han roto consensos básicos que se mantenían entre el gobierno y la oposición –cualesquiera que fueran unos u otros en cada momento–, desde la entrada en vigor de la Constitución, lo que sin duda se debe a una manera de actuar en la que la palabra dada carece de todo valor, y en la que el objetivo de conseguir el poder, justifica utilizar cualquier medio para ello.
Una sociedad que carece de unas mínimas normas éticas y morales hace muy difícil una convivencia social que pueda ser calificada como civilizada y respetable, y la política ha alcanzado ya un deterioro que puede contaminar a la sociedad que afortunadamente todavía no ha alcanzado ese nivel de crispación. Pero ese riesgo cada vez es mayor si tenemos en cuenta que los valores y pautas de conducta de quienes ostentan responsabilidades públicas tienen un evidente efecto multiplicador sobre el cuerpo social al que representan, y sobre el que ejercen una autoridad legítima. Si «el fin justifica los medios», además de utilizar la mentira y no respetar la palabra dada en cuanto a los compromisos asumidos, la convivencia en cualquier ámbito se hace prácticamente insostenible.
Por lo que, si ese ámbito es la gobernación del país, el daño es incalculable. No es una mera cuestión de derechas e izquierdas, ni de «ultraderechas y progresistas», sino de ética personal y pública. Prueba de ello, es que personas que son especialmente críticas con la actual situación, no son susceptibles de ser considerados como ultraderechistas o reaccionarios ante los que es preciso colocar un «muro de contención» como gusta de proclamar el sanchismo. Desde Nicolás Redondo hasta Alfonso Guerra, pasando por Joaquín Leguina y hasta Felipe González, son numerosos los cualificados dirigentes del PSOE que denuncian la actual situación con creciente preocupación y dureza. La reciente intervención televisiva de quien fuera el presidente del Gobierno de mayor duración en el cargo, e indiscutible referencia del socialismo español desde la Transición a la democracia, exime de más comentarios al respecto. Quizás haya que considerar que la patología en la que está instalado el sistema político exige medidas que no se limiten a criticar y advertir del problema existente, sino de actuaciones concretas, para evitar su expansión. La Constitución es un límite infranqueable para cualquier iniciativa, pero concede margen para ello y pasar de las palabras a los hechos.
