Un jurado ha declarado a Pablo Antonio S.H., apodado El Chiqui, culpable de un delito de asesinato cometido contra un vecino, Dionisio A.P., y de otro de homicidio doloso llevado a cabo contra el que fuera jefe de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil (UEI) el 1 de julio de 2022, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
El jurado ha desechado un delito de asesinato en grado de tentativa cometido contra un hijo de Dionisio A.P., aunque sí lo ha considerado tentativa de homicidio, y también ha rechazado que el encausado secuestrara al novio de su hijastra, quien permaneció con el procesado voluntariamente en la vivienda en la que se atrincheró El Chiqui.
El procesado carecía de licencia de armas de fuego, pese a lo que poseía un fusil Mauser con el número de serie parcialmente borrado, lo que supone un delito de tenencia ilícita de armas.
Las acusaciones de la fiscal se centraron en que el procesado disparó con un rifle marca Mauser a su vecino Dionisio A., de 45 años, que resulto fallecido; intentó también matar a un hijo de este hombre; mantuvo como rehén durante horas al novio de su hijastra y asesinó con el mismo fusil al que fuera teniente coronel de la UEI en el momento de los hechos, Pedro Alfonso Casado, que tenía 50 años.
Los encargados de deliberar sí han apreciado una circunstancia atenuante de arrebato u obcecación, como había solicitado la defensa del procesado.
Tras conocer el veredicto, el ministerio público ha reclamado quince años de prisión por el asesinato del vecino del acusado, cinco años de prisión por tentativa de homicidio, veintidós años de cárcel y libertad vigilada por homicidio doloso del teniente coronel, además de dos años de prisión por tenencia ilícita de armas.
La defensa ha pedido la aplicación de las penas mínimas establecidas para cada uno de los delitos que el jurado ha considerado probados con la atenuante establecida. El jurado se ha mostrado contrario a la posibilidad de suspensión de la pena y de la opción de solicitar el indulto para el procesado.
Ahora será el magistrado presidente el encargado de dictar sentencia tras un juicio que se ha desarrollado desde el pasado 31 de mayo en la Audiencia Provincial de Valladolid y en el que han estado personadas cuatro acusaciones particulares, una popular y la defensa, además de la Fiscalía.
La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha asistido jurídicamente a la familia del Teniente Coronel a través del despacho de abogados Penaltech. APROGC está satisfecha con el veredicto, y recuerda la necesidad de que sea reconocida como profesión de riesgo la de guardia civil, así como poder contar con el material necesario que minimice los riesgos a los que se enfrentan diariamente.
Por su parte, Fran Peláez, CEO de Penaltech, como representante de la acusación particular en nombre de la viuda e hijas del Teniente Coronel, ha confesado que “esperaba un veredicto que pusiese de relieve la valentía y dedicación de los agentes de la Guardia Civil, así como la necesidad de responder de forma ejemplar y firme ante actos de extrema violencia”. En palabras del abogado, “el papel de este y cualquier otro Tribunal del Jurado ha sido, es y será muy complejo. No obstante, descartar el delito de asesinato por la muerte del Teniente Coronel desprotege a todo el cuerpo de la Guardia Civil que, diariamente, vela por la protección y seguridad de todos los ciudadanos, y debilita, aún más, a una familia rota por el desgarrador fallecimiento de su ser querido”.
