Díaz anuncia que extenderá la Ley Rider para regular las plataformas digitales de empleo doméstico y ayuda a domicilio

Díaz anuncia que extenderá la Ley Rider para regular las plataformas digitales de empleo doméstico y ayuda a domicilio

El foco de la Ley Rider pasa a las empleadas del hogar y a la ayuda a domicilio. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo va “a ir más allá” de la Ley Rider y va a regular las plataformas digitales que se utilizan para la contratación de empleadas de hogar y de trabajadores de ayuda a domicilio, dos actividades “profundamente feminizadas”.

“No hay atajos con los derechos laborales, repartas comida o cuides a personas mayores. Por tanto, no vamos a admitir que lo positivo que tienen las nuevas tecnologías sean una excusa para regresar a un modelo de derechos laborales del siglo XIX”, ha advertido Díaz durante su participación en la jornada Fondos Europeos IV, organizada por elDiario.es.

Esta medida se enmarca en la transposición de la directiva europea sobre el trabajo en plataformas digitales aprobada el pasado mes de marzo. “Ahora tenemos ya esa directiva y continuamos con nuestro trabajo y vamos a dar un paso más en esta materia. Vamos a regular la transparencia algorítmica, vamos a transponer la directiva y lo vamos a hacer más allá del sector del reparto. Vamos a regular las plataformas que contratan a las empleadas del hogar o aquellas que sirven para canalizar la ayuda a domicilio”, ha adelantado la ministra. “En el debate de la Ley Rider decíamos que afectaba la acción a multitud de tareas. Señalábamos estas dos que estaban profundamente feminizadas”, ha insistido.

La vicepresidenta segunda ha subrayado la importancia de la directiva europea de Trabajo en las Plataformas digitales, una norma que costó sacar adelante y que ha sido “la más difícil” de conseguir. “Con esta directiva no nos jugábamos simplemente unas normas, que también, sino que nos jugábamos el futuro del trabajo en Europa y por ende el futuro de la Europa”, ha aseverado.

“Me rindo pocas veces en una negociación y en esta de las plataformas digitales en Europa estuve a punto de rendirme. El diálogo fue muy intenso. Fue muy intenso porque teníamos enfrente el modelo Macron. Era imposible, literalmente, avanzar en Europa. Un modelo que defendía que un trabajador que va con una ‘app’ en una mano y en bicicleta es un empleador”, ha señalado Díaz, que ha añadido que, gracias al diálogo y a la alianzas, se logró una directiva “que impide que hoy se tenga un recorte de derechos en Europa como se pretendía”.

Claves de la directiva

Con dicha norma, como se hizo en la Ley Rider, se protegió el principio de laboralidad y se colocaron los algoritmos “al servicio de la justicia social”, poniendo fin “a las situaciones de abuso en forma de falsos autónomos”. Según la directiva, los Estados miembro establecerán una presunción legal de empleo en sus sistemas legales, que se activará cuando se encuentren hechos que indiquen control y dirección y que se determinarán de conformidad con la legislación nacional y los convenios colectivos, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la UE. Además, los trabajadores de plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales podrán invocar esta presunción legal y alegar que están mal clasificados, mientras que corresponderá a la plataforma digital acreditar que no existe relación laboral.

El acuerdo alcanzado con el Parlamento garantiza que los trabajadores estén debidamente informados sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones sobre su contratación, sus condiciones de trabajo y sus ingresos, entre otras cosas. También prohíbe el uso de sistemas automatizados de seguimiento o toma de decisiones para el tratamiento de determinado tipo de datos personales de las personas que realizan trabajos en plataformas, como datos biométricos o su estado emocional o psicológico. Asimismo, se garantiza la supervisión y evaluación humana de las decisiones automatizadas, incluido el derecho a que dichas decisiones sean explicadas y revisadas.

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