El secretario general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, atraviesa sus momentos más complicados en su partido. Espadas no supo cerrar la herida tras la victoria en las primarias frente a Susana Díaz y sus sucesivas derrotas electorales le han puesto en una situación difícil porque no cuenta con el respaldo de toda la organización y empieza a ver cómo desde Ferraz también cuestionan internamente su idoneidad.
El hecho de nombrarlo portavoz en el Senado le obliga a defender las políticas del Gobierno y lastra su independencia, ya que muchos de los acuerdos son directamente lesivos para los intereses de Andalucía, una comunidad que, tradicionalmente, había sido uno de los bastiones electorales del PSOE, lo que le había permitido a sus sucesivos líderes mantener cierta autonomía e influencia con respecto a las decisiones que se tomaban en el PSOE Federal. Ese equilibrio se ha roto en favor del PSC y hay intereses que entran en conflicto, lo que obliga a Espadas a un equilibrismo que, en su situación de debilidad interna, resulta imposible.
El secretario general del PSOE-A se esforzó ayer en el Parlamento a restar trascendencia a lo que había dicho la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, minutos antes. La «número dos» del PSOE y del Gobierno aseguró que «cuestiones singulares» que tienen algunas comunidades autónomas como Cataluña «tienen que tener un tratamiento especial» en materia de financiación autonómica. Espadas admitió que «el modelo de financiación autonómica vigente es injusto con Andalucía» y que las «singularidades» de esta comunidad autónoma deben abordarse «igual que las de Cataluña».
El problema del PSOE, más allá de las palabras de Montero, es lo que tiene firmado con Junts –partido clave para garantizar la gobernabilidad– y lo que el PSC llevaba en su programa electoral en las pasadas elecciones catalanas. Ambas cuestiones chocan frontalmente con el consenso alcanzado en 2018 en materia de financiación autonómica en el Parlamento de Andalucía, y al que el PP de Juanma Moreno se sumó.
En el primer caso, el PSOE y Junts, para garantizar la investidura de Pedro Sánchez firmaron un acuerdo que incluía, entre otras cuestiones, que el partido de Carles Puigdemont propondrá «una modificación de la LOFCA – la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas– que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña».
Con ERC, el PSOE también acordó una mesa bilateral Cataluña-España para negociar «una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Catalunya» así como una quita de su deuda, la más alta –junto a la Comunidad Valenciana– de todas las regiones de España. Además, el PSC de Salvador Illa, en su programa electoral también incluía dos cuestiones polémicas en materia de financiación: «puesta en marcha del Consorci Tributari para recaudar todos los impuestos conjuntamente» y aplicar el «criterio de ordinalidad en las asignaciones».
El criterio de ordinalidad fue rechazado por la propia María Jesús Montero como consejera de Hacienda de Andalucía y así aparece en el dictamen sobre financiación autonómica que aprobó el Parlamento en marzo de 2018. La ordinalidad supone, según palabras del propio dictamen reseñado, «la ordenación de las comunidades autónomas en términos de financiación per cápita respetando el ranquin de las mismas en términos de capacidad fiscal».
El dictamen argumenta que la ordinalidad «puede poner en peligro el principio de equidad» y «en ningún caso puede calificarse como un principio rector del sistema de financiación autonómica pues se encuentra ausente de cualquier texto legislativo al respecto».
Cualquiera de estas cesiones por parte del Gobierno a Junts, ERC o incluso al PSC, dejaría en evidencia al PSOE andaluz, ya que tendría que aceptar un trato desigual entre Cataluña y Andalucía.
Hay que recordar que con el actual modelo de financiación autonómica, según los cálculos de Fedea, Andalucía pierde en torno a 1.400 millones al año, un dinero con el que se pagan servicios públicos claves como la sanidad o la educación.
