En pleno debate por el posible traspaso de la AP-9 a Galicia y la eliminación de los peajes, la prórroga de la concesión sobre la Autopista del Atlántico, realizada en el año 2000 y que extendió la duración de la misma hasta 2048, vuelve hoy a escena.
Dicha prórroga está siendo investigada por Europa por irregularidades por un posible incumplimiento de los principios de igualdad de trato y transparencia al no haberse sacado a concurso el período extra de gestión.
En este marco, el Gobierno español tenía hasta el 24 de junio para justificar la ampliación de la concesión; un plazo que se ve ahora ampliado por Bruselas hasta el 24 de agosto, y que, tampoco se descarta, podría verse incrementado luego en otros dos meses.
De este modo, el Gobierno central gana, de inicio, dos meses extra para argumentar el expediente abierto por la Comisión Europea, tratando de subsanar las deficiencias planteadas por la propia Comisión, que, si no hay una respuesta satisfactoria, podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Cabe recordar que, en su momento, fue la asociación de consumidores ‘En Colectivo’ la que presentó ante la Comisión Europea, en julio de 2019, una denuncia que dio paso a la apertura del procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la autopista AP-9.
En septiembre de 2021, desde Bruselas se envió una carta de emplazamiento al Gobierno central por entender que al modificar y al prorrogar el contrato de concesión de la autopista, sin publicar un anuncio de licitación y sin que tuviese lugar procedimiento alguno de adjudicación del contrato así modificado, se había incumplido la normativa.
Así, el procedimiento abierto por Bruselas a través de esa carta de emplazamiento dictamina que se incumplió el principio de igualdad de trato ante terceros, y no se dio publicidad previa a la decisión.
En este sentido, cabe destacar que la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, por lo que su justificación debe realizarse a través de una nueva licitación.
