Flor de Torres, Fiscal Delegada de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Violencia a la Mujer, alertó ayer en su comparecencia en el grupo de trabajo relativo a la lucha contra la violencia de género creado en el Parlamento de que el «nuevo mapa procesal» del Gobierno de España «colapsa» los juzgados de la mujer y, al mismo tiempo, lamentó que los convenios y pactos con la Junta de Andalucía «no están en vigor».
Este grupo de trabajo está destinado a mejorar la actual situación y dar traslado legislativo a las propuestas que se acuerden. En este sentido, la fiscal alertó respecto al nuevo «mapa procesal» tras un decreto del Gobierno central que el 28 de diciembre estableció un nuevo juzgado de Violencia sobre la Mujer en Andalucía «con muchas peculiaridades». «Nos ha roto la cercanía de la víctima al lugar de origen para provocar la comarcalización de los juzgados». Esto ha supuesto, según explicó la fiscal, «desprender a la víctima de ese foro inicial que tenía que es el domicilio en aras de la especialización» que «tiene que primar en el tratamiento y la asistencia a las víctimas». Así, enumeró que se ha creado el Juzgado Número 2 de Almería, el 4 de Málaga o el 1 de Dos Hermanas «y se ha provocado ese fenómeno». «Por ejemplo, en Málaga, vamos a asumir asuntos de Torremolinos; o Marbella que ha asumido las competencias de Estepona. Va a ser una apuesta dura y complicada porque, aunque son juzgados nuevos, están apareciendo ya absolutamente colapsados», lamentó.
De Torres también fue crítica con el Gobierno de Juanma Moreno, pues pese a la consolidación de una red de trabajo con la administración autonómica, «los convenios y pactos con la Junta de Andalucía no están en vigor». Se está trabajando con la Consejería, a través de la Secretaría General competente, para su actualización porque «es necesario» que el nuevo mapa administrativo esté también trabajando «al unísono con nosotros». E hizo referencia al acuerdo que permitía a la fiscalía iniciar diligencias ante las sospechas trasladadas por las urgencias médicas que se inició en 2012 y se convenió en 2019 pero que a día de hoy no se ha prorrogado. Igualmente, mencionó el convenio para la especialización que está «obsoleto». Y se encuentran a la espera de respuesta para firmar un protocolo con Educación que contribuya a la «abolición absoluta de cualquier acto de violencia vicaria».
Después de dos décadas de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, «hemos aprendido que sin perspectiva de género el derecho penal no va a servir a las mujeres». De Torres acumula una dilatada experiencia de 37 años como fiscal que le permite asegurar que «la ley de Andalucía es un referente mundial». «Es la ley más avanzada que existe» en esta materia, porque incluso va «más allá» del convenio de Estambul y es «una abanderada de la violencia vicaria». Los juristas están avanzando ahora en detectar esos casos. «Tenemos las herramientas para abolir la violencia vicaria –considerada como violencia extrema sobre la mujer», subrayó De Torres, enumerando la reforma del Código Civil (art. 94).
«No podemos decir que hay más violencia –prosiguió–, pero sí hay más permeabilidad a la hora de denunciar, a la hora de conectarnos y derivar asuntos de violencia de género que, de no haber habido derivación habrían estado en el olvido».
En 2023 se contabilizaron 36.000 asuntos que llevó al ministerio fiscal ha formular 12.835 acusaciones en la región: 1.212 fueron sentencias condenatorias; 4.555, sentencias condenatorias de conformidad de los acusados; y se produjeron absoluciones 1.438.
A fecha de hoy están en prisión por violencia de género, bien como medida cautelar o cumpliendo pena, un total de 267 hombres. Se han adoptado 1836 órdenes de alejamiento. Según la fiscal, hay que trabajar más en las órdenes de protección. De un total de 2.866 en Andalucía se han denegado 739, «la ratio sigue descendiendo» y evidencia una mayor «sensibilización con las situaciones objetivas de riesgo». Sólo una de cada seis mujeres ejercita acciones civiles (divorcio, protección de menores…) lo que «excluye el falso mito de que las mujeres buscan venganza o que acuden a los tribunales por circunstancias espurias».
Para terminar, expuso sus conclusiones: «Tenemos que seguir concienciando a los operadores jurídicos, seguir abrazados a los Junta para que sigan dotándonos de una formación continua; y tener especial atención a los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías que expanden la violencia de género hasta límites exacerbados». «Instrumentos legales tenemos muchos, necesitamos concienciación, compromiso y valentía, estando siempre al lado de las víctimas; es necesario el acompañamiento público en los procesos judiciales a través de una psicóloga; y seguir adelante con la especialización continua», sugirió la fiscal como conclusión.
María Ángeles Sepúlveda, médica especialista en Medicina Legal y Forense; María Cristina Marí, Comisaria Principal y Jefa de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional; María Elena Palacios, Inspectora Jefa y Jefa de Servicio de la Oficina de Estudios; Elena del Pilar Ramallo, doctora en Derecho, investigadora y experta en violencia contra las mujeres y contra los menores; y María Luisa Calcerrada, Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil también intervinieron en una jornada más del grupo de trabajo de los partidos políticos en el Parlamento andaluz.
