El PSOE ha dado un plazo de cinco días al exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos para que remita toda la documentación relativa a su defensa, ante el expediente de expulsión cautelar que le abrió la dirección del partido el pasado mes de febrero. Según ha adelantado El Mundo y ha confirmado Ep, el PSOE ha comunicado a Ábalos que dispone de cinco días para hacerles llegar la documentación que considere conveniente para acreditar su defensa. No obstante, las fuentes consultadas advierten de que la resolución del expediente no será inmediata y aún queda por delante un largo proceso.
Según indican, quedan varios pasos por delante, ya que la dirección del PSOE tendrá que elaborar un informe una vez que el exsecretario de Organización remita las pruebas su defensa. Ese informe, además, podrá ser recurrido ante la Comisión de Ética y Garantías y por tanto no se resolverá de inmediato.
Cabe recordar que el pasado mes de marzo Ábalos ya presentó alegaciones al expediente de expulsión que el partido le había abierto días antes y afirmó que no habían respetado el plazo de 24 horas que le dieron para que entregase su acta de diputado antes de iniciar acciones contra él. Además el pasado 13 de septiembre reclamó por escrito su readmisión al considerar que su expediente se encontraba paralizado y había caducado. En concreto reclamaba que el instructor ni siquiera se había pronunciado sobre si admitía las pruebas que había presentado y que tampoco le habían comunicado los cargos que se le atribuyen.
El actual diputado del Grupo Mixto, donde se encuentra tras haber sido expulsado del Grupo Parlamentario Socialista al negarse a entregar su acta de parlamentario, considera que el expediente está caducado, y por tanto debe decretarse la caducidad del mismo y se le deben devolver todos sus derechos como afiliado.
Por otra parte, y dentro de la investigación de «caso Koldo», la Audiencia Nacional ha levantado la medida cautelar impuesta a Koldo García que le impedía vender su moto Suzuki y un automóvil Peugeot, propiedad de su mujer, Patricia Uriz, por su condición de imputados en la investigación de la supuesta trama de «mordidas» en la compra de mascarillas por Transportes.
El magistrado instructor ha accedido también al desbloqueo de sus cuentas bancarias y de su esposa a fin de que puedan ingresar, cada uno, lo que obtengan de la compra-venta de ambos vehículos. Tendrán que presentar copia de los contratos y acreditar los ingresos de ambas ventas.
