Es una norma no escrita: si Sánchez tiene problemas, viaja, huye de España, busca cualquier reunión internacional y desaparece. Se ha largado a una conferencia en Jordania a la que no ha ido ningún líder europeo para no dar la cara estos días.
No compareció tras su fracaso del 9-J, y tampoco ahora, cuando ha salido la ley de amnistía en el BOE, su esposa y hermano están imputados, y los nacionalistas catalanes niegan su pretendida política de “pacificación”.
Todo le escuece a Sánchez, pero lo último sangra. La ironía es que el “reencuentro” en Cataluña que enarbolaba el presidente ha permitido lo que parecía imposible: el acuerdo entre los independentistas para enfrentarse a la democracia española.
El proces continúa, vuelve a 2017 y con más fuerza porque tiene enfrente a un Gobierno deliberadamente débil, que ha renunciado a plantar cara.
La elección de la Mesa del Parlament fue la demostración de que ERC y Junts son capaces de apartar el odio mutuo si es un obstáculo para desbancar a los “unionistas”. La elección de Salvador Illa como President de la Generalitat está cada vez más lejos.
ERC no votará a favor, y lo más probable es que fuercen una repetición electoral para presentarse en una lista conjunta. Junts ha ofrecido 25 puestos en esa candidatura, con lo cual los republicanos se aseguran los 20 diputados que tienen ahora.
ERC está a punto de dar un giro y cerrar su etapa de colaboración con Sánchez. Los republicanos piensan que ha sido el motivo de su fracaso en las urnas.
Por eso ya se escuchan voces dentro de la formación para dar paso a Marta Rovira, que está decidida a romper con el PSC y con Sánchez, y a empezar una colaboración con Junts. Todo se traga si hay un reparto de cargos y un objetivo común, y ambas cosas son posibles.
El itinerario empieza con escenificar que la “soberanía catalana” representada en el Parlament no quiere a Salvador Illa. Por eso, Rull, su presidente, puede permitir que el socialista se presente a la investidura del 25 de junio.
Todos votarían en contra, mostrando la unidad de los grupos indepes contra el PSC, el rechazo visceral a la situación política y una posición conjunta.
Esa negativa podría bloquear cualquier investidura y forzar una repetición electoral, cuya campaña sería contra el Gobierno de Sánchez y el Estado español, para exigir un referéndum de autodeterminación.
Una lista unitaria de Junts y ERC daría pié a que se viera la política catalana como un choque entre dos bandos, que es el escenario favorito del independentismo.
Esta situación movilizaría mucho más al electorado nacionalista que en las dos últimas convocatorias electorales, incluida la europea, y obligaría al PSC a cambiar de discurso una vez más.
La vida política y judicial, mientras tanto, daría supuestamente la razón a los indepes, porque irían apareciendo las cuestiones prejudiciales, caso a caso, mostrando, además que la malversación se queda fuera.
Esto afectaría a Puigdemont y Junqueras, del mismo modo que el delito de terrorismo no sería amnistiable por el Tribunal de Justicia de la Union Europea, lo que afecta a Marta Rovira. Así, en el imaginario independentista quedaría probada la existencia de un Estado opresor.
A esto se suma otro problema para Sánchez. García Ortiz, Fiscal General del Estado, ha ordenado a los fiscales que soliciten el perdón por la malversación, pero ha pinchado en hueso.
La escena de debilidad enseña a los independentistas que Sánchez va a tener muy difícil cumplir su palabra, por lo que el acuerdo en el Congreso resulta irrecuperable dejando al socialista pendiendo de un hilo.
En este sentido, la ley de amnistía no habría servido para nada positivo en la democracia española. Ni “reencuentro” ni estabilidad para el Gobierno por muy Frankenstein que pretenda ser. Esperemos que la acción de la justicia ponga fin a este dislate.
