Como prólogo de su posible defensa ante un juez o un inspector fiscal, el “soy culpable” de Alvise no pareció una estrategia brillante. Tras descubrirse que cobró 100.000 euros en negro, se plantó ante una cámara y grabó un vídeo admitiendo el ingreso en B justo antes de ponerse a repartir vituperios –“Hacienda es una mafia”– y hacer apología del fraude. “Todo impuesto que podáis evitar, no lo paguéis”, soltó. “A veces” cobrar en B, llegó a decir, “es la única salida”. No es el argumentario que un abogado aconsejaría a su cliente para defenderse legalmente. Ahora bien, ¿puede tener sentido políticamente? ¿Hay un electorado receptivo al llamamiento a la “legítima defensa contra el terrorismo fiscal”? Hay razones para pensar que sí.
Seguir leyendo
