El Tribunal Supremo deliberó el pasado 10 de abril los recursos presentados contra la sentencia del caso Bárcenas —la financiación ilegal del PP y el pago con dinero negro de parte de las obras de reforma de la sede nacional en la calle Génova—, pero casi cuatro meses después aún tiene pendiente la publicación de la sentencia. Los magistrados tendrán que determinar en el fallo si el PP está exento del pago de impuestos por las donaciones ilegales con las que se financió —como resolvió el tribunal de la Audiencia Nacional encargado de juzgar este caso— o si, por el contrario, debe abonar el impuesto de sociedades por esos ingresos extraordinarios que incumplían la Ley de Financiación de Partidos Políticos, lo que provocaría una condena al PP por delito fiscal en este proceso.
