Una supuesta trama para infravalorar convenios urbanísticos con el objetivo de que cargos políticos se enriquecieran. Es lo que se investigó entre 2003 y 2008 en el denominado caso Astapa, la última gran operación contra la corrupción en la Costa del Sol. Llegó a tener cien personas investigadas, pero cuando el juicio arrancó en enero de 2023 —15 años después del trabajo policial— ya se sentaron solo 50, acusados de malversación, cohecho, prevaricación, falsedad, fraude y tráfico de influencias. Entre ellas, Antonio Barrientos, exalcalde de Estepona, al que la fiscalía solicitaba 10 años y nueve meses de prisión además de 29 millones de euros entre una multa y la responsabilidad civil. Ahora el fiscal, Valentín Bueno, ha rebajado sus peticiones. Acusa a solo 37 personas y pide solo dos años de prisión y 40.000 euros de sanción para el regidor, según recoge su escrito de acusación definitivo.
El último gran caso de corrupción urbanística en la Costa del Sol se desinfla
