El fraude electoral cometido por el chavismo en Venezuela es deplorablemente evidente para cualquiera que posea un mínimo de honestidad intelectual. Semana y media después de celebrados los comicios, la tiranía chavista todavía no ha presentado las actas electorales de las mesas a partir de las cuales proclamó su victoria; en cambio, la oposición sí ha recopilado (a través de sus testigos de mesa) y digitalizado más del 80 por ciento de todas esas actas: y lo que se desprende de ellas es que ha sido la oposición la que ha ganado por abultada mayoría. Por supuesto, los habrá que duden de las actas aportadas por la oposición que dan vencedora a la propia oposición, pero, si fueran falsas, el chavismo podría haberlo demostrado fácilmente mostrando los defectos formales de las mismas y la falta de correspondencia con la identidad digital de cada una de esas actas.
No lo han hecho porque no pueden hacerlo: es más, los pocos burdos intentos que se han producido desde los medios de comunicación chavistas por tratar de sembrar dudas sobre las actas publicadas por la oposición se han hecho mediante la presentación de actas que sí se han demostrado falsificadas. Ahora bien, llegados a estas alturas del drama, también deberíamos reflexionar los españoles en qué manos políticas hemos estado durante las últimas dos décadas. No en vano, dos de los principales defensores públicos de este flagrante fraude electoral han sido José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Carlos Monedero: cada uno de ellos referencia política e intelectual dentro de los dos partidos que, hasta 2023, conformaban el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos (es más, Zapatero fue presidente del Gobierno entre 2004-2011). ¿Cuál puede ser la fibra política e ideológica de PSOE y de Podemos cuando toman como referentes a dos personas dispuestas a convalidar un obsceno fraude electoral en favor de una tiranía? ¿Cómo tener la más mínima confianza en que estos partidos no tratarán de abusar del poder político en su favor tan pronto como tengan la más pequeña oportunidad?
Casos como el de Venezuela, y el de importantes políticos españoles blanqueando al chavismo, deberían servirnos para recordarnos que el Estado de Derecho no puede depender de la buena voluntad de ningún político, sino sobre los pesos y contrapesos institucionales que impiden que nuestros gobernantes se conviertan en déspotas.
