Las leyes sociales están para proteger a los débiles. También las laborales. Por si no lo teníamos claro, pudimos comprobarlo con las contrarreformas desreguladoras de la ofensiva neoliberal de los años ochenta. Y todavía tenemos en la memoria las falacias lingüísticas con las que la ministra Fátima Báñez intentó vendernos como una modernización lo que era simple desprotección. Estamos escarmentados. Pero eso no debería llevarnos a cerrarnos a imaginar cambios legales que, siendo igualmente protectores, se adapten mejor a las necesidades cambiantes de nuestra vida.
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