Salud Mental Castilla y León ha celebrado este jueves en el espacio La Estación de la Ciencia y la Tecnología de Burgos una interesante jornada sobre jóvenes y salud mental, en la que se ha puesto encima de la mesa el proyecto PasaXT Hacia El Empleo y se ha presentado un Estudio de Impacto del mismo, que ha dejado resultados satisfactorios y, sobre todo, esperanzadores.
Así, en el informe se revela que en su desarrollo se han registrado un 12 por ciento de inserciones laborales mientras que un 24 por ciento retomó su formación para tener más opciones de encontrar un puesto de trabajo.
Además, pasados seis meses desde que este proyecto finalizara, desde Salud Mental Castilla y León consideran que se han cumplido los objetivos marcados puesto que siete de cada diez personas participantes de este proyecto, todos ellos desempleados e inactivos, consiguió, o bien un empleo, obtener una cualificación o cursar algún tipo de estudios, que eran las prioridades que se habían puesto en la entidad.
Asimismo, un 43 por ciento de estas personas con problemas de salud mental se ha mantenido activo en la búsqueda de empleo o de nuevas oportunidades formativas, a lo que se suma que de las 100 personas participantes en todas las ediciones del proyecto, 24 continuaron su formación para tener más opciones de empleabilidad.
Este proyecto, que ha tenido una gran acogida, ofrece un itinerario formativo de 360 horas por participante en el que se trabajan los conocimientos centrados en las competencias personales, la inteligencia emocional y las habilidades sociales, pero también las competencias para la empleabilidad, la capacitación digital básica para la búsqueda de empleo o el contacto con empresas y la colaboración con tejido social comunitario, según informa desde la Federación.
“Estamos hablando de una iniciativa que mejora la empleabilidad de los jóvenes con problemas de salud mental que nos anima a seguir apostando por la lucha por la igualdad de oportunidades de acceso al mercado laboral de todas las personas jóvenes, especialmente de aquellas que encuentran mayores dificultades y barreras como es el caso de nuestro colectivo”, destaca el gerente de Salud Mental Castilla y León, Ángel Lozano.
El proyecto se centra en ofrecer una serie de actuaciones destinadas a promover la inclusión social y laboral de personas jóvenes con discapacidad psicosocial menores de 30 años, además de contribuir a su recuperación y empoderamiento a través del refuerzo de su empleabilidad.
Las principales acciones se centran en la orientación abordando competencias básicas; el apoyo en la toma de decisiones sobre formación y empleo, y la creación de itinerarios flexibles y personalizados. “Nuestro objetivo siempre ha sido fortalecer actitudes, habilidades y estrategias, tanto a nivel individual como interpersonal, a través del desarrollo de capacidades y competencias laborales específicas que preparen a las personas participantes para su inclusión en el ámbito social y laboral”, explica Elena Briongos, presidenta de la Federación Salud Mental CyL.
La Jornada ha contado con la participación de la presidenta del Consejo regional de la Juventud, Sandra Ámez, quien ha analizado en su intervención los los retos, dificultades y problemáticas que se encuentran los jóvenes y su relación con su salud mental o bienestar emocional. Además, las personas asistentes han podido asistir a la charla motivacional del psicólogo, viñetista e ilustrador, Pablo R. Coca especializado en la comunicación en salud mental y autor de @occimorons.
Contexto social y político
La Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027, ratificada por el Consejo de la Unión Europea en diciembre de 2018, propone como primer objetivo “que los jóvenes se conviertan en artífices de su propia vida, apoyar su desarrollo personal y su camino hacia la autonomía”. Para ello, entre sus metas estratégicas incorpora la meta 5, “Lograr un mayor bienestar mental y acabar con la estigmatización de los problemas de salud mental, promoviendo así la inclusión social de todos los jóvenes”, y plantea el objetivo, entre otros, de “Salvaguardar el derecho al trabajo y al estudio de las personas con problemas de salud mental durante la enfermedad y después de ésta, a fin de garantizar que no tengan que renunciar a sus ambiciones”; y dentro de la meta 7: “Garantizar un mercado laboral accesible con oportunidades que conduzcan a empleos de calidad para todos los jóvenes”, plantea varios objetivos entre el que destacan “garantizar la igualdad de oportunidades para que todas las personas jóvenes puedan desarrollar las competencias necesarias y adquirir experiencia práctica, a fin de facilitar la transición de la educación al mercado laboral”.
De la misma forma, la Estrategia de Juventud 2036, realizada por el Instituto de la Juventud de España (INJUVE, 2022), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, incorpora dos ejes de especial interés en este marco de análisis: el segundo eje, sobre “autonomía, empleo digno y emprendimiento joven”, cuya meta es “el acceso de los jóvenes a un empleo digno, estable y bien remunerado que les permita desarrollar sus proyectos de vida, garantice la igualdad de oportunidades y la conciliación entre la vida laboral y la personal”; y el tercer eje, sobre “salud integral y calidad de vida”, entre cuyos objetivos se alude a “garantizar el bienestar mental de la juventud, prevenir el suicidio y acabar con la estigmatización de los problemas de salud mental”.
Según el informe “El empleo de las personas con discapacidad” del INE, las personas jóvenes con discapacidad representan el 5,2 % del total de la población con discapacidad en edad activa en nuestro país y su tasa de prevalencia se sitúa en el 2,4 %. De ellas el 32 % no supera los estudios primarios, unas 32.000 personas. analfabetismo, en el colectivo representan más del 10,7 %. En cuanto a la relación de jóvenes con discapacidad y el mercado de trabajo, viene marcada fundamentalmente por el alto porcentaje de inactividad detectado (un 76,6 %). Su tasa de paro es más elevada, muy por encima de la mostrada por el mismo grupo sin discapacidad (24,2 puntos), mientras que su tasa de empleo apenas alcanza el 10 %.
El 37,7% de jóvenes con discapacidad de entre 16 y 29 años vivía en 2020 en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, siete puntos porcentuales más que las personas equivalentes sin discapacidad según los datos recogidos en la Encuesta de Condiciones de Vida 2020 del INE. La mayor tasa de paro se alcanza en el grupo de jóvenes con discapacidad menores de 25 años (48,1 %).
La participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral sigue siendo baja. Según el último Informe “El Empleo de las Personas con Discapacidad”, publicado por el INE, en diciembre de 2023 (referido a datos de 2022), el 35,3% de las personas de 16 a 64 años con discapacidad oficialmente reconocida eran activos, 0,7 puntos más que en el año anterior. Esta tasa de actividad era 42,7 puntos inferior a la de la población sin discapacidad.
La participación en el trabajo está muy determinada por el tipo y la intensidad de la discapacidad. Las personas con discapacidad psicosocial ocupan el segundo lugar respecto a la menor tasa de empleo en todo el ámbito de la discapacidad. Según recoge el informe, la tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental en 2022 fue del 18,9 %.
Dentro de este contexto se aprueba la Ley 3/2023 de Empleo. Esta norma establece medidas de “atención prioritaria” para fomentar el acceso al empleo de las personas con “especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo y para el desarrollo de su empleabilidad”, identificando “colectivos vulnerables de atención prioritaria”, donde se incluyen las personas con discapacidad, y, dentro de ellas, se mencionan expresamente las que presentan “mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo” y que se describen en el artículo 50.1 de la Ley como “las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental, con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento; así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento”.
