Cuando se trata de Hungría, la sensación de déjà vu se repite en Bruselas. Que el Gobierno de Viktor Orbán se haya saltado porque sí el plazo fijado por la comisaria de Interior, Ylva Johansson, para responder por su controvertida decisión de ampliar a rusos y bielorrusos su forma más laxa de visado laboral, la denominada tarjeta nacional, no ha sorprendido a nadie. Tampoco lo ha hecho —cuando finalmente ha llegado este miércoles, dos días después de la fecha límite—, su respuesta, en la que rechaza cualquier inquietud europea por las potenciales implicaciones de la medida húngara en materia de seguridad de la Unión en el tercer año de ofensiva rusa en Ucrania.
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