España cumplirá por los pelos con el límite de déficit público que marcan las nuevas reglas fiscales, que entran en vigor este 2024 tras varios años suspendidas. Es lo que prevén, al menos por ahora, la Airef y Funcas, que hacen suyas las proyecciones del Gobierno central en lo que se refiere al agujero fiscal. El Ejecutivo estima una desviación para este ejercicio del 3% del PIB (siete décimas mejor a la de 2023 y el techo que fija Bruselas) y los dos organismos la corroboran. Sin embargo, hay espacio para el riesgo y la incertidumbre, sobre todo debido a varias importantes sentencias contrarias a los intereses del Estado que pueden impactar en las arcas e inflar los gastos no recurrentes. En esencia son dos: el fallo del Constitucional que tumbó en enero la reforma del impuesto de sociedades llevada a cabo en 2016 por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la resolución que dictó la devolución del IRPF pagado de más a los jubilados de las mutualidades. Los expertos creen que estas sentencias tendrán un coste conjunto de varios miles de millones para el Estado.
La Airef y Funcas advierten sobre el impacto de las sentencias judiciales en la corrección del déficit
