La Audiencia Provincial de Badajoz ha dado su aval a la instrucción que hasta ahora ha realizado la jueza que investiga a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, negando que sea “prospectiva” y dando el visto bueno a la incautación de correos electrónicos de su cuenta corporativa como trabajador de la Diputación de Badajoz.
La Sección Primera rechazado así el recurso de apelación presentado por la defensa del hermano de Pedro Sánchez contra el auto con el que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 pacense ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) volver a la sede la institución provincial para repetir el volcado de sus correos electrónicos después de que una parte no fueran incautados correctamente por “problemas informáticos”.
De igual forma, la Audiencia respalda las razones que llevaron a la jueza Beatriz Biedma ha repetir esta diligencia dado que, señala en el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, tras pedir en dos ocasiones esta documentación a la Diputación, lo remitido fue “insatisfactorio” por no venir reflejado, como requirió la instructora, “los actos preparatorios” que formalmente tendrían que haberse realizado para la adjudicación del puesto de trabajo a David Sánchez y, más tarde, “cambio de nomenclatura”.
Era necesario, dice el auto en que tuvo como ponente al magistrado José Antonio Bobadilla, “profundizar en la investigación”, como pretendió la jueza del “caso David Sánchez”, y asegura que esta no es una investigación judicial “prospectiva” ya no responde a un simple caso de absentismo laboral.
Sino a la necesidad de “concreción de los elementos” de su puesto de trabajo público que se investigan por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias -entre otros-.
Confirma, de igual forma, que se trata en este punto de la causa judicial de aclarar “la indeterminación de las funciones” que tiene como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación pacense, “del cambio de nomenclatura” al recibir este nombre cuando antes su denominación era la de coordinador de la actividad de los (dos) conservatorios de esta provincia extremeña, y la “inexistencia de un lugar físico” concreto para desarrollarlo.
Los magistrados de la instancia superior provincial se muestran contundente: no son “meras sospechas” como sostiene su defensa en el recurso que viene a desestimar, sino indicios y, por ello, hay una “necesidad” de indagar y se motiva, en el caso de los correos, que se incauten los de nueve funcionarios y altos cargos porque se trata de “correos corporativos” en relación al “puesto de trabajo concreto analizado”. “El entorno virtual se ve menos afectado que en el caso de correos personales”, señalan, en este sentido.
También el periodo de tiempo que comprenden ya que la generalidad fueron enviados y/o recibidos entre marzo de 2016 y diciembre de 2022, y en el caso del hermano del presidente del Gobierno, desde la misma fecha del 1 de enero de 2016 en que se creó el puesto laboral que ocupa hasta la actualidad.-con el cambio de nombre mediante-.
