El Tribunal Constitucional ha admitido este martes a trámite el recurso del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra un punto de la reforma de la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, que patrocinó en diciembre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso gracias a su mayoría absoluta. La decisión del alto tribunal confirma a esta instancia como escenario de un pulso legal sin precedentes para la política regional madrileña: el Constitucional tendrá que pronunciarse sobre ocho recursos pendientes de resolución o admisión que han sido interpuestos en los últimos años por la oposición contra normas o decisiones de Ayuso y la Asamblea regional. A eso se une que el Gobierno central haya advertido al autonómico de que debe reformar otras tres leyes si no quiere que este mismo tribunal se encargue de dirimir sus discrepancias.