El consumo de alimentos ecológicos sigue en auge. Pero esta evolución no está acompasada con el crecimiento de la producción. Este es el objetivo del proyecto de ley de impulso y promoción de la producción ecológica del Gobierno de Juanma Moreno. Aumentando la resiliencia de este sector ante las dificultades actuales se incrementa la sostenibilidad del sistema agroalimentario, se reduce la huella medioambiental y se fomenta la economía circular, mitigando el cambio climático.
La ley contribuirá a armonizar la normativa europea. Las producciones denominadas «sostenibles» conllevan reducir el uso de recursos naturales, proteger la biodiversidad, promover el bienestar animal, la seguridad alimentaria o mejorar la rentabilidad. Dentro de estas producciones se incluyen las industrias pesqueras y acuícolas.
La producción ecológica andaluza es líder a nivel nacional y europeo. Alrededor del 30% de la superficie agraria –por encima del porcentaje del 25% que marca la estrategia de «De la granja a la mesa» para 2030– , en torno a a 1,3 millones de hectáreas, trabaja en este tipo de producción. En la actualidad hay más de 22.500 operadores, unas 5.400 explotaciones ganaderos y más de 3.300 industrias bajo esta certificación en Andalucía.
Existe consenso generalizado en la idoneidad de esta ley: Ecovalia (la asociación profesional española de la producción ecológica), organizaciones profesionales agrarias y consumidores coinciden con la administración. El borrador de la ley se encuentra en información pública. No obstante, Asaja defiende que la producción integrada reciba «el mismo trato» que la ecológica y ha presentado alegaciones, mientras el resto de actores se muestran contrarios porque creen que pueden confundir al consumidor.
En Andalucía hay alrededor de 500.000 hectáreas en producción integrada en cultivos clave como el algodón, el arroz o el aceite de oliva en los que la región es líder; de hecho, esta modalidad se incluye en el ámbito de aplicación de la ley, aunque diluida. Primero es nombrada para asegurar que «tendrá la consideración de producción agraria sostenible y las producciones agrarias y pesqueras sostenibles»; y, del mismo modo, se hace referencia a ella «junto a las operaciones de manipulación, envasado, transformación y etiquetado de la comunidad».
Félix García de Leyaristy, director general de Asaja-Andalucía, expone cuáles son las razones de su organización: «Aunque no sea la intención de la Consejería, nos gustaría que no se transmita que las producciones convencionales no son sostenibles; que sean más específicos y que el apoyo a la producción integrada esté al mismo nivel que la ecológica, puesto que los estándares de calidad son prácticamente iguales. No queremos que luego tengamos sorpresas y el apoyo público vaya solo al ecológico». Por ello, Asaja aboga por incluir el término «integrada» en la propia denominación de la norma, «Ley de impulso y promoción de las producciones ecológicas, integradas y pesqueras sostenibles en Andalucía», y equiparar a lo largo del articulado la nomenclatura «ecológica» e «integrada».
En un somero análisis del primer borrador, éste refleja que «el consumidor muestra mayor confianza por los productos ecológicos» y que «la ley pretende dar más protección a esta industria y reforzar la investigación». De hecho, la intención del Gobierno andaluz es mejorar los sistemas de información a través de campañas de comunicación.
Entre las medidas de fomento figuran priorizar en el sector público la contratación de servicios de hostelería, catering y restauración, en especial en centro educativos, sociosanitarios y de salud que utilicen alimentos ecológicos locales. Los centros de la Junta que ofrezcan estos menús deberán acompañar material divulgativo.
Las técnicas de producción ecológica se priorizarán en superficie de titularidad pública y se fomentará la misma en la Red de Espacios Naturales Protegidos.
La Consejería de Agricultura promoverá ayudas a los operadores ecológicos en el marco de la PAC, incentivando la conversión de explotaciones y el mantenimiento de las existentes. Así, se considerará un «mérito preferente», que será de al menos el 5% de la puntuación en casos de concurrencia competitiva.
La Junta también prevé por ley incentivar la comercialización de productos BIO con un «mínimo del 5% de la puntuación total» en las líneas de ayudas en concurrencia competitiva. Igualmente, se considerará un «mérito preferente» dentro de los incentivos a la promoción agroalimentaria.
En los programas de consumo de frutas, hortalizas y leche en las escuelas se incluirá un porcentaje mínimo del 10% de productos ecológicos y se podrán conceder ayudas a puntos de venta ecológicos. La Junta y los Ayuntamientos, en coordinación, fomentarán actuaciones de venta directa en las explotaciones agrícolas, ganaderas y acuícolas, así como en los mercados locales, para su promoción. De hecho, se creará la Red Andaluza de Municipios con Mercados Locales Ecológicos.
Además, de la promoción internacional se creará el premio «Producción Ecológica de Andalucía». Y un órgano consultivo y de participación en producción ecológica asesorará a la administración.
El Sistema de Información de la Producción Ecológica en Andalucía (Sipea) servirá como base de datos en colaboración con el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.
En el plano de la investigación y la innovación el IFAPA ofertará cursos de formación y capacitación de producción ecológica y sostenibles. Y las universidades públicas podrán impulsar la incorporación de planes de estudios sobre producción ecológica y otras producciones agrarias y pesquera sostenibles, así como líneas de investigación específicas.
En el ámbito del turismo gastronómico, la Junta impulsará el símbolo europeo de producción ecológica, así como otros ya establecidos, de manera combinada con el logotipo de calidad agroalimentaria Gusto del Sur.
