La deriva autoritaria del Gobierno de Georgia —que, pese a las protestas y las críticas internacionales, ha aprobado la ley de agentes extranjeros, de inspiración rusa— amenaza con tener consecuencias más allá de la congelación de las conversaciones de adhesión a la UE. Los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros de la Unión estudian paralizar la financiación de proyectos que repercutan en las autoridades georgianas, los programas de colaboración (como el que espera retirar el roaming) con el país caucásico y el envío de fondos para el ejército ante los “acontecimientos negativos en el país”, según un documento confidencial preparado por el Servicio de Acción Exterior (SEAE) de la UE, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La UE estudia represalias a Georgia por su deriva autoritaria tras impulsar una polémica ley de inspiración rusa
