Frontex, la agencia europea encargada del control de fronteras, se muestra impotente ante la situación vivida en las últimas semanas en las islas Canarias. Aunque el director ejecutivo del organismo, Hans Leijtens, reconoce la gravedad de la situación y ha definido el aumento de las llegadas como “estructural”, también ha asegurado que la agencia se encuentra atada de pies y manos si las autoridades españolas no piden socorro.
Según ha recordado Leijtens, el mandato de la agencia “depende totalmente” de las peticiones de los Estados miembros . En el caso de España, Frontex está manteniendo conversaciones de cara al año que viene, pero todavía no se ha producido una solicitud de auxilio que permita actuar al organismo europeo en territorio español.
“Espero que tengamos una petición para la ayuda que sé que se necesita, He hablado con los centros de recepción de migrantes y con la Guardia Civil y soy consciente de la situación, pero todo empieza con la solicitud de las autoridades españolas. La ausencia de esto no permite apoyar a las autoridades”, ha explicado el directo ejecutivo durante una comparecencia en la Eurocámara al inicio del curso político. Según ha explicado, si la petición de España acaba produciéndose, la agencia tiene la suficiente rapidez y flexibilidad como para actuar con escaso margen de tiempo, tal y como se demostró en el pasado cuando Finlandia dio la voz de alarma ante el incremento de llegadas provenientes de Rusia y Frontex desplegó sus efectivos tan solo tres días después.
Leijtens ha visitado Madrid y Canarias y considera que, tras entrevistarse con las autoridades españolas, ahora la prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez reside en negociar con los lugares de salida y tránsito para contener los flujos irregulares. Frontex no tiene un marco legal sobre la relación con estos países, pero está dispuesta a contribuir según las peticiones que realicen las administraciones públicas españolas.
Aunque las fronteras de países como España suponen la puerta de entrada al continente europeo, la responsabilidad sigue recayendo en las autoridades nacionales. Los Estados europeos han sido muy reticentes a otorgar a Frontex poderes adicionales que permitan el despliegue de sus agentes sin contar con el beneplácito del país concernido. Según un informe divulgado en el mes de agosto, ahora mismo la agencia europea tiene trabajando sobre el terreno a 2.900 efectivos involucrados en diferentes operaciones. Tras la última reforma, se espera que Frontex llegue a estar formada por 10.000 guardias en 2027, de los que 3.000 de ellos estarán empleados directamente por la agencia.
El Parlamento Europeo dio la luz verde definitiva en el mes de abril al pacto de migración y asilo, tras más de tres años de negociaciones. Los países europeos tienen un plazo de dos años para comenzar a aplicar esta reforma que ha supuesto la adopción de diez actos legislativos.
Este pacto pretende acelerar los retornos de los considerados inmigrantes ilegales con la puesta en marcha de centros específicos en las fronteras europeas desde dónde se gestionarán las demandas de asilo. El primer veredicto sobre la aceptación o rechazo de esta petición deberá llegar a los seis meses, con el objetivo de no demorar en exceso este tipo de procedimientos, tal y como sucede actualmente.
A las personas interceptadas en las fronteras europeas o que han sido rescatadas en alta mar se les identificará con datos biométricos de reconocimiento facial y huellas dactilares a la vez que se les realizará chequeos médicos y de seguridad por si pudieran suponer una amenaza. Se espera que este registro no dure más de siete días.
Como modo de superar el sistema de reparto en cuotas obligatorias que fue boicoteado sin cesar por los países del Este en la anterior crisis de 2015, se ha impuesto una solidaridad obligatoria pero a la carta. Esto significa que aquellos países que no quieren acoger a estas personas deberán pagar a un fondo común europeo que sirva para sufragar el gasto de aquellos que sí lo hacen. La contribución de cada país se establecerá según criterios de población y PIB. Se espera que se puedan repartir a 30.000 demandantes de asilo al año y que las contribuciones financieras lleguen a los 600 millones.
Uno de los puntos más polémicos ha sido la activación de un mecanismo de emergencia para situaciones de llegadas masivas, en los que un país se vea desbordado por el número de solicitudes e incluso la inmigración pueda ser utilizada como una amenaza híbrida para chantajes geopolíticos.
En esos casos, el Estado pedirá a la Comisión Europea que se activen los mecanismos de solidaridad previstos y algunas categorías de demandantes de asilo – por ejemplo los que proceden de un país en guerra- podrán gozar de una protección prioritaria. En estos casos se podrá dilatar hasta los 10 días el registro.
