La fuerte presión interna y externa no ha quebrado en esta ocasión la voluntad del gobernante Sueño Georgiano. La formación del oligarca Bidzina Ivanishvili, el arquitecto en la sombra de una Georgia que nada entre dos aguas, la influencia rusa y la occidental, ha impuesto este martes su mayoría en el Parlamento con la aprobación en tercera lectura del proyecto de ley «Sobre la transparencia de la influencia extranjera», conocida a pie de calle como la «ley rusa» por su inspiración en los métodos del Kremlin para perseguir a las voces disidentes.
La iniciativa ha salido adelante con los 84 votos a favor del oficialismo y los 30 en contra de las filas opositoras. Sin sorpresas. Ahora solo falta la firma de la presidenta Salomé Zurabishvili, quien, pese a ser elegida hace seis años con el respaldo de Sueño Georgiano, se ha destapado como una de las figuras más críticas con los planes de los de Ivanishvili. No parece, sin embargo, que vaya a suponer ningún obstáculo. El Parlamento puede anular el esperado veto presidencial con una mayoría simple.
El Gobierno, que tuvo que retirar hace un año una ley casi idéntica como consecuencia del amplio rechazo popular expresado en las calles y las cancillerías europeas, no ha querido tirar la toalla esta vez y ha desafiado a los cientos de miles de personas que han protagonizado una de las mayores movilizaciones políticas en la historia de la república del Cáucaso.
Unas 50.000 personas se congregaron el 11 de mayo en Tiflis frente al edificio del Parlamento para protestar contra la «ley rusa», y en las últimas semanas decenas de miles de personas han seguido nutriendo las concentraciones en la capital y otras ciudades del país. Y lo han hecho a pesar de las inéditas cotas de violencia alcanzadas por las fuerzas de seguridad. La Policía ha utilizado gases lacrimógenos, cañones de agua y gas pimienta para dispersar a manifestantes que, en su mayoría, eran pacíficos. Los agentes dispararon balas de goma al menos una vez en la noche del 1 de mayo, según acredita uno de los informes publicados por Human Rights Watch (HRW). Además, varios periodistas y líderes de la oposición vienen sufriendo acoso, intimidación y, en algunos casos, violencia física.
¿Qué dice la ley?
La «ley de agentes extranjeros», que entrará en vigor a los 60 días de su publicación, exige a medios de comunicación y entidades jurídicas no comerciales, una categoría que abarca desde organizaciones no gubernamentales hasta think tanks, inscribirse en el registro del Ministerio de Justicia como entidades «que realizan actividades en interés de una potencia extranjera» en caso de que más del 20 por ciento de sus ingresos proceda del exterior.
Si no acatan la normativa, el Gobierno se reserva la capacidad de abrir investigaciones judiciales que pueden desembocar en multas que oscilan entre los 8.600 y los 3.500 euros, dependiendo del número y la gravedad de las infracciones. Para iniciar esas investigaciones, lo único que se requiere es la autorización del encargado del Ministerio de Justicia y una declaración escrita que detalle «información relacionada con una organización específica que ejecute los intereses de una potencia extranjera».
Es, en definitiva, un instrumento legal que define el concepto de organización que persigue los intereses de una potencia extranjera, y que regula el registro y las actividades de este tipo de organizaciones. «Países como, por ejemplo, Estados Unidos, Australia o Israel, tienen una legislación y una práctica similar», recuerda en su informe la Comisión de Venecia.
Según ese mismo documento, el proyecto de ley no contradice la legislación de la Unión Europea. Esta es una de las bazas argumentales que esgrimen los líderes del oficialismo. Pero la ley estadounidense no equipara recibir financiación extranjera, en parte o en su totalidad, con estar bajo la dirección y el control de un mandante extranjero, como sí lo hace la georgiana. En esta línea, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, pidió al Parlamento georgiano a través de una carta dirigida a su presidente, que se abstuviera de aprobar el proyecto de ley porque, en caso de salir adelante, «probablemente daría lugar a la estigmatización y el descrédito de las organizaciones de la sociedad civil».
La legislación georgiana ya exigía a las oenegés que registraran las subvenciones ante las autoridades fiscales, incluidos los importes y la duración de los proyectos, para beneficiarse de ciertas exenciones fiscales. Las entidades incluidas en esta categoría también presentan informes financieros mensuales con información sobre el número de empleados, los contratos de servicios y los pagos del impuesto sobre la renta. Los medios de comunicación, por su parte, presentan informes mensuales sobre sus ingresos y gastos a la Comisión Reguladora de las Comunicaciones. Es más, esa información ya era pública y cualquier ciudadano podía solicitar una copia.
¿Por qué impulsa el Gobierno esta ley?
El gobernante Sueño Georgiano, que aspira a reeditar una cuarta mayoría absoluta consecutiva en las elecciones legislativas del próximo mes de octubre, argumenta que la normativa servirá para «garantizar la transparencia de la influencia extranjera» en el país. El primer ministro, Irakli Kobajidze, ha sido el principal defensor de la ley, como lo fuera hace un año su inmediato predecesor, Irakli Gharibashvili, un perfil más carismático y mucho menos divisivo que el actual jefe de Gobierno. En cambio, Kobajidze, crítico habitual de los países occidentales pero no de Rusia, cuyas tropas ocupan el 20 por ciento del territorio de la exrepública soviética, alega que algunas asociaciones de la sociedad civil intentaron «organizar una revolución» en 2020 y 2022, «hacer propaganda LGBT» y «desacreditar a la Policía, el Poder Judicial y la Iglesia Ortodoxa Georgiana».
También afirma que más del 60 por ciento de los georgianos están a favor de la legislación, sin concretar de dónde saca esas cifras. Además, Kobajidze, que tuvo que renunciar a la presidencia del Parlamento en 2019 después de ceder su asiento a Sergei Gavrilov, un diputado ruso del Partido Comunista, durante una sesión parlamentaria, ha acusado a «elementos radicales» de la oposición de espolear los disturbios. Antes de asumir el cargo en enero, Kobajidze lideró en el seno de su partido una campaña el pasado año contra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas), a quien implicaba –de nuevo sin pruebas– en un intento de golpe de Estado en Georgia.
Sin embargo, la ley lleva la firma de Bidzina Ivanishvili, también ex primer ministro. El fundador y presidente honorífico de Sueño Georgiano, un oligarca que amasó su fortuna en la turbulenta Rusia de los noventa, confesó en un discurso que la «ley de transparencia» pretendía desgastar al opositor Movimiento Nacional antes de los comicios de octubre. Pero, según los analistas, detrás de su interés por impulsar esta ley está su creencia de que la Rusia de Vladimir Putin –uno de sus principales aliados– ganará la guerra en Ucrania, así como sus intentos de movilizar a su base de votantes de cara a las próximas elecciones y su objetivo de minar la confianza en las organizaciones extranjeras.
En esta misma línea, y en paralelo a la «ley rusa», el oficialismo presentó otra iniciativa legislativa que restringiría los derechos de las personas LGBT y prohibiría, entre otros puntos, «las reuniones destinadas a popularizar las relaciones familiares o íntimas entre personas del mismo sexo y la no utilización de terminología específica de género».
¿Qué argumentan los críticos de la ley?
La oposición a nivel interno y externo advierte que la ley hará vulnerables al acoso del Ejecutivo a las oenegés y los medios de comunicación independientes que reciben una parte importante de sus fondos de entidades extranjeras, especialmente de organismos en Estados Unidos y la UE. «Los diputados georgianos y los funcionarios del Gobierno defienden formalmente el proyecto de ley como una medida de transparencia, pero no ocultan su propósito. Al tachar a los grupos y medios de comunicación independientes de servir a intereses extranjeros, pretenden marginar y sofocar las voces críticas del país, que son fundamentales para cualquier democracia que funcione», denuncia Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de HRW. En declaraciones públicas, los líderes del gobernante Sueño Georgiano han reconocido que pretenden utilizar la normativa contra grupos y medios de comunicación que critiquen al Gobierno, defiendan los derechos del colectivo LGBTIQ+ o lleven a cabo otras actividades que remen en contra de los intereses del oficialismo.
¿Por qué Ivanishvili no ha cedido esta vez a las presiones de EE UU y la UE?
Ayer, Kobajidze recibió en Tiflis a una delegación encabezada por Jim O’Brien, el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, para acercar posturas. Pero las presiones de la Administración Biden, que ha amenazado con imponer sanciones al Gobierno georgiano, no han surtido efecto. O’Brien quiso reunirse con Ivanishvili, pero el oligarca declinó la oferta porque «considera que este asunto no es serio», en palabras del primer ministro.
En rueda de prensa, Kobajidze explicó la negativa del líder de su partido a negociar con el diplomático estadounidense: «Bidzina Ivanishvili afirmó que ya está sometido a sanciones de facto. Ha congelado 2.000 millones de dólares, que confió a Occidente, pero resultaron estar en manos del partido de la guerra global. Por lo tanto, la posición de Bidzina Ivanishvili es que no puede celebrar ninguna reunión bajo chantaje (…) En cuanto se acaben el chantaje y las sanciones de facto, se podrá celebrar cualquier reunión, pero hoy por hoy esta es la posición de Bidzina Ivanishvili. Por lo tanto, tales chantajes y amenazas no han funcionado desde marzo de 2022, cuando se congelaron los fondos tras el inicio de la guerra en Ucrania, y tales chantajes y amenazas no pueden utilizarse contra él».
