En la primera reunión del pleno del actual Gobierno de PP y Vox, celebrado el 21 de julio del año pasado, se iniciaron los trámites para la supresión -bonificación en un 99 por ciento- del impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Comunitat Valenciana. Era una de las principales promesas electorales del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, para quien la supresión del llamado «impuesto a la muerte» debía de ser inmediata.
Un año después -la medida tenía efectos con carácter retroactivo desde el 28 de mayo- el efecto de esta política es evidente, sobre todo en la recaudación y número de operaciones referentes al impuesto de donaciones -transmisiones en vida entre familiares-.
Durante el último año, el número de este tipo de donaciones se ha disparado un 40 por ciento, pasado de las 14.305 declaraciones durante los cuatro primeros meses de 2023, a las 20.048 durante el mismo periodo en 2024.
Motivados por la gratuidad de esta operación, muchos padres y madres han decidido realizar la transmisión a sus hijos en vida, sobre todo para evitar que el impuesto regrese dentro de unos años en el caso de que hubiera un cambio de gobierno. Con estas donaciones, además, se consigue una revitalización de la economía, puesto que los descendientes pueden aprovechar este patrimonio para ejecutar planes, como reformar en el hogar, que de otra forma no podrían haber llevado a cabo.
A pesar de que la bonificación del impuesto fue del 99 por ciento, algo que fue criticado por la oposición por el fuerte descenso en la recaudación que iba a suponer, la bajada en los ingresos por este impuesto no ha sido tal, sino que ha sido mucho menor. Concretamente, se ha pasado de una recaudación de 3,9 millones de euros, a 1,7 millones este año, 2,2 millones de euros menos que se han ahorrado los valencianos que han efectuado estas operaciones.
Mercado inmobiliario
Otro impuesto cuya recaudación se ha visto incrementado durante el último año, a pesar de haber sido rebajado en alguno de sus tramos, es el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Los ingresos por este tributo han crecido un 16,4 por ciento al pasar de 467,3 millones de euros durante los primeros cuatro meses del año pasado, a 544 durante el mismo periodo de este año. El motivo del incremento, en este caso, está más relacionado con el auge del sector inmobiliario y el inicio de la recuperación de la economía tras la crisis provocada por la inflación.
En el caso de este impuesto, la rebaja se aplicó, junto a otras tantas referentes al IRPF, a través de la la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2024. Se aplicó una bajada del 25% del tipo de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) que pagarán los jóvenes de menos de 35 años por comprar vivienda habitual de hasta 180.000 euros, que pasa al 6%. Para familias numerosas, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género se rebaja al 3%. Para la adquisición de viviendas de protección oficial de régimen especial o si los compradores son de estos últimos colectivos, el tipo superreducido pasa a ser del 3%.
