Las series y documentales sobre crímenes reales (true crime) están de moda. El caso Asunta (Netflix) o El caso Sancho (Max) son algunos de los últimos títulos que desmenuzan la crónica negra española. En medio de esta vorágine, Patricia Ramírez ha iniciado una cruzada para que no se ficcione y, de paso, se rentabilice, el asesinato de su hijo. En 2018, el pequeño Gabriel, de ocho años, fue encontrado muerto en el coche de la entonces pareja de su padre tras una angustiosa búsqueda de doce días. La madre del menor asesinado, de nuevo en el foco mediático, ha reabierto un complejo debate: ¿Cuáles son las líneas rojas del true crime?
Medidas cautelares
La forma de intentar paralizar la emisión de una serie es solicitando a un juez su freno como medida cautelar. Como explica Elena Ordúñez, socia de Ecija, la persona ofendida debe acreditar “que se ha producido una colisión del derecho al honor, por decir cosas que no son ciertas, a la intimidad, por desvelar aspectos íntimos que no sean de dominio público, o a la propia imagen, por usarla de forma innecesaria”. En 2018, una jueza acordó el secuestro cautelar del libro Fariña por estos motivos. Después, la Audiencia Provincial de Madrid levantó la medida porque consideró que no se traspasaron los límites del derecho a la información.
