Las vacaciones de Mónica García, en terreno ilegal

Las vacaciones de Mónica García, en terreno ilegal

Por el momento, no hay «amnistía», ni para el chalet de Mónica García, ni para ninguna de las 700 personas que cuentan con casa en la colonia de Camorritos, hogar en su día de personalidades como Emilio Botín o las hermanas Koplowitz, en la localidad madrileña de Cercedilla. Alrededor de 90 chalets y unos 400 apartamentos copan estas más de 80 hectáreas de monte público. Y es este último aspecto el punto que ha provocado que, a día de hoy, la casa de 2.000 metros cuadrados en la que la ministra de Sanidad pasa sus vacaciones desde su infancia –era asidua a las pistas de esquí del Puerto de Navacerrada– se encuentre en una situación irregular.

Como explican a LA RAZÓN fuentes municipales de esta localidad madrileña, los terrenos en los que se erige la colonia, que data de principios de los años veinte, contaban con una concesión temporal de ocupación en el monte público por 99 años. Una medida otorgada en su día con el objetivo de construir edificaciones para atraer a gente de la capital y fomentar la economía de la localidad. Transcurrido ese tiempo, los terrenos tenían que pasar a ser propiedad del Ayuntamiento. Y el plazo se cumplió. Fue en marzo de 2019, año desde el cual, el Ayuntamiento estaba autorizado a proceder al desahucio de los vecinos.

Sin embargo, han transcurrido cinco años desde entonces. Como explican las citadas fuentes, aunque el Consistorio esté capacitado para ejecutar el desahucio, hay que tener en cuenta dos factores: primero, el aluvión de alegaciones por parte de los centenares de afectados, las cuales se están teniendo que resolver una a una con unos medios municipales limitados; y segundo, la coincidencia del fin de la concesión con el estallido de la pandemia del Covid-19, que supuso una ralentización a la hora de dar salida a este tipo de procesos.

En todo caso, las alegaciones de Mónica García ya han sido escuchadas. La ministra de Sanidad remitió a la Comunidad de Madrid –entidad gestora de la zona, al ser un monte de utilidad pública–, un escrito con 22 puntos de alegaciones para retrasar el procedimiento administrativo y no entregar la finca al Ayuntamiento de Cercedilla. Dichas alegaciones fueron desestimadas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura del Gobierno regional, que consideró los puntos esgrimidos por la ministra como «innecesarios, improcedentes e irrelevantes», según avanzó el pasado noviembre «El Debate».

Y es que, el Plan de Ordenación de los Recursos naturales de la Sierra de Guadarrama es inflexible: los terrenos de Camorritos se encuentran en «suelo no urbanizable de protección», por lo que no cabrían nuevas concesiones o prórrogas. La solución, según explican desde Cercedilla, solo puede ser el desahucio. «Está totalmente prohibido que haya chalets construidos en un monte de utilidad pública», remarcan.

Independientes y PSOE

Las mismas fuentes avanzan que, en los próximos meses, la Comunidad de Madrid podría declarar una «caducidad definitiva» de la concesión, de forma que se aceleraría el proceso. En todo caso, subrayan las enormes dificultades, sobre todo para el Ayuntamiento de Cercedilla –gobernado actualmente por el Grupo Independiente de Cercedilla y apoyado por el PSOE local– a la hora de restablecer la legalidad en los terrenos de Camorritos. Para empezar, el aluvión de pleitos que, previsiblemente, tendría que afrontar el Consistorio una vez que se procediera al desahucio.

De hecho, el Ayuntamiento tiene derecho a imponer multas coercitivas por importe de hasta un cinco por ciento del valor de los bienes ocupados en caso de que los ocupantes no atiendan al requerimiento de desahucio. Además, desde que acabó la concesión, tanto la Comunidad de Madrid como el Consistorio podían sancionar económicamente a los vecinos, algo que, por el momento, no ha trascendido que haya ocurrido.

Así, la última palabra sobre el chalet de Mónica García todavía está por escribirse. La ley no puede pararse y el proceso sigue su curso. Y el municipio, de apenas 7.000 habitantes, se prepara para afrontar una batalla jurídica de proporciones muy superiores a su tamaño.

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