Si Puigdemont finalmente se lo permite, a la vuelta del verano Pedro Sánchez promoverá una serie de movimientos estratégicos para reforzar su maltrecho poder a cuenta del ámbito económico e intentar reflotar también a su partido en la parcela territorial, en donde flaquea tras las últimas autonómicas y municipales. La suerte de este lance no es baladí. Una vez controlados el Tribunal Constitucional y otros entes fundamentales de la vida pública española, el sanchismo necesita expandir aún más sus tentáculos sobre empresas públicas y privadas, y organismos reguladores para lograr perpetuarse artificialmente. También necesita forzar un despegue en comunidades en las que el PSOE ha tocado fondo y no da muestras de resucitar, teniendo especial importancia en este sentido Andalucía y Madrid, en donde Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso se han convertido en las bestias negras del ultraizquierdismo.
Sánchez, por ejemplo, tendrá en su mano el devenir a corto plazo de Telefónica y Talgo, permitiendo ampliar el peso o no de los saudíes de STC en la primera o respondiendo a la oferta amistosa lanzada sobre la segunda por Magyar Vagon. El presidente también será determinante en el desenlace final de la OPA hostil lanzada por los tiburones del BBVA sobre Banco Sabadell y en el devenir de Naturgy. En la recámara está la utilización de la SEPI para «reforzar la españolidad» de esta última compañía, lo que no significa otra cosa que pasar a influir con mayor fuerza sobre sus designios. Entre septiembre y diciembre, Sánchez tratará además de redoblar su control sobre el mercado energético resucitando la Comisión Nacional de la Energía que existía en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, e intentará atar también el control sobre el mundo financiero poniendo a sus peones en la cúpula del Banco de España.
Aunque se trata de movimientos complejos, posiblemente lo sean más los que Sánchez tendrá que dar en algunas de sus federaciones territoriales. En este sentido, podría haber dos líderes socialistas con fecha de caducidad. Uno es Juan Lobato en Madrid, tan cortés como débil en las tareas opositoras, y Juan Espadas. Ambos se encuentran en el punto de mira de Ferraz y en el de sus federaciones por la manera que tienen de opositar. Al primero, Díaz Ayuso le barre en los debates asamblearios y en la batalla mediática. El viejo argumento de la falsa privatización sanitaria ya no cuela y cada vez que lo escuchan los madrileños votan en masa a la presidenta popular. Al segundo tampoco le funcionan las arremetidas sanitarias pese a que la gestión en este ámbito no ha sido precisamente el punto fuerte de Juanma Moreno, que espera que el cambio en la Consejería de Salud reste ya los pocos argumentos que le quedan a su rival. El problema de ambos territorios es que su propio partido se encuentra dividido y en lucha fratricida, una constante en el socialismo madrileño, pero no así en el andaluz. Lejos de insuflar aire al decaído PSOE andaluz, el borrado de delitos que Cándido Conde-Pumpido y sus compañeros «progresistas» en el Tribunal Constitucional han aplicado a los líderes de los ERES y figuras históricas de este partido ha agigantado las rivalidades y desatado las rencillas. Sabedora de que Chaves y Griñán eran rémoras para el socialismo en esta comunidad, Susana Díaz optó por desmarcarse de ellos y ahora que parecen de vuelta, Espadas se lo reprocha. Esta crisis en la izquierda es un obstáculo en el deseo de Sánchez de resucitarla. Habrá movimientos.
