El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado hoy el decreto que regulará las viviendas turísticas y que mañana aprobará el Consell.
En líneas generales, el decreto establece su vigencia en aquellas viviendas que se alquilen por diez días o menos, el resto de alquileres se regirán por las normas de los alquileres de larga estancia.
La mayoría de los trámites se gestionarán mediante declaraciones responsables “porque es un síntoma de madurez, pero la libertad conlleva responsabilidad, como ha señalado el presidente” y ha hecho hincapié la consellera de Turismo, Nuria Montes, quien, al desgranar los entresijos del decreto, ha dicho que la inspección correrá a cargo de los ayuntamientos y ha recordado que mentir en una declaración responsable es una delito penal de falsedad en documento público.
Las licencias para la explotación turísticas se renovarán cada cinco año, se prohíbe terminantemente el alquiler de habitaciones dentro de viviendas, y se prohiben también los cajetines en la calle para la entrega de llaves ya que esta acción deberá hacerse siempre en persona para asegurar la fiabilidad de registro turístico que se entrega a la Policía Nacional.
Mazón ha dicho que el decreto que ha denominado “Montes” por el apellido de la consellera “es como ella, con capacidad para ser ser eficaz y eficiente y con real conocimiento del sector”. Y ha destacado que la regulación “no es para el sector, sino con el sector”.
El presidente ha dicho que “esto simboliza lo que significa el gobierno del cambio: trabajo desde la realidad, no desde un despacho. Reacción sensata pero ágil a una demanda social que existe”.
Mazón ha considerado que “no existe lucha entre desarrollo y sostenibilidad. Es falaz, no existe lucha entre hoteles y apartamentos, es falaz” y ha pronosticado que “muchas regiones españoles y europeas tomarán nota”.
Ha recordado que “se demonizó a una industria de la que dependen miles de familias” y que con la turismofobia “se fomentaba la economía sumergida y el encarecimiento de la vivienda para el que más la necesita”.
Mazón ha dicho que “se respeta la autonomía municipal para limitar el número de viviendas destinadas al uso turístico”.
Por su parte, la consellera Montes ha explicado que actualmente en Castellón hay 14.663 apartamentos turísticos, frente a los 17.677 de Valencia y los 72.769 de Alicante.
Ha explicado que por “transparencia y seguridad jurídica, necesitamos disponer datos fiables y actualizados de todas las viviendas autorizadas. Por ello, la primera medida es que hasta el 31 de diciembre de 2024 se establece el plazo improrrogable para comunicar el número de referencia catastral de la vivienda. Los que no lo hagan causarán baja en el registro”.
Ha dicho que se consideran viviendas de uso turístico todas aquellas que se pongan a disposición por periodo de diez días o menos y ha recalcado que “prohibimos el alquiler de habitaciones en las viviendas: Esta mañana, en una plataforma, hemos encontrado cinco mil habitaciones en Valencia al margen de la legalidad”.
Las sanciones son muy graves y comunicaremos a las plataformas que han de retirar estos anuncios. Las multas pueden llagar a 600.000 euros, ha dicho Montes.
La consellera ha destacado el “papel protagonista de los ayuntamientos, será necesario un informe de compatibilidad urbanística para obtener licencia”.
De este modo “los ayuntamientos podrán establecer limitaciones, siempre proporcionadas, si responden a criterios claros, por zona, por edificio…”.
Además, se contempla la posibilidad de ceder la competencia de inspección, sanción y recaudación a los ayuntamientos que así lo soliciten, y se les compensará.
Montes ha dicho que a partir de enero de 2025 comunicaremos a todos los ayuntamientos las viviendas que quedan identificadas en el Registro.
La validez del registro será de cinco años, transcurrido el plazo se renovará mediante declaración responsable. Cuando una vivienda se venda decaerá la licencia.
Todas las viviendas deberán cumplir las normas mínimas de habitabilidad, sobre todo aquellas que se han creado en locales cuyo uso original no era la vivienda.
Para las licencias nuevas se requiere certificación de las comunidades de propietarios de que sus estatutos no limitan el establecimiento de viviendas turísticas.
Además, deberán aportar certificado energético y sus trabajadores se regirán por el convenio de Hostelería
Se suprimen las categoría de las viviendas.
Quedan prohibidos los cajetines para la entrega de llaves. Todas deben tener un servicio de recepción e identificación por motivos de seguridad.
Las autorizadas antes de julio de 2018 mantendrán su inscripción en los mismos términos. Las viviendas autorizadas entre julio del 2018 hasta la publicación del decreto mantendrán su inscripción pero tiene un plazo de cinco años para adaptarse a los requisitos. La autorizadas a partir de entrada en vigor del decreto, quedarán inmersas en el nuevo régimen.
El presidente Mazón también ha anunciado que “aumentaremos la inspección mediante inteligencia artificial” y ha considerado que “es injusto que se achaquen a los pisos turísticos todos los males, cuando son el 1,8 por ciento del parque inmobiliario, frente al 14 por ciento de la vivienda vacía”.
Ha solicitado al gobierno de España que se convoque una conferencia sectorial de turismo y ha recordado que este sector supone más del 16 por ciento del PIB y del empleo de la Comunitat, y que la Comunitat aporta el 12 por ciento de toda la industria turística española. “Esta realidad nos obliga a ser prudentes a la hora de regular”.
Por último, el presidente ha mostrado su deseo de “anteponer la hospitalidad a al hostilidad” y ha considerado que “los movimientos de turismofobia son xenófobos y clasistas”.
