Su imagen y su identidad como policías y guardias civiles, la inseguridad jurídica de los agentes, su derecho a la intimidad, el grave riesgo que supone para su integridad física y la de sus familias… todo esto y más ha sido denunciado, por activa y por pasiva, por todos los colectivos policiales. Todos al unísono han dado la voz de alarma sobre la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada “ley mordaza” por los socios de Sánchez.
Una norma que verá la luz finalmente, pese a que la reforma de la Ley quedó tumbada en la pasada legislatura después de que el Gobierno se negara a aceptar cambios en cuatro puntos de la iniciativa: la desobediencia y resistencia a la autoridad (artículo 36.6); las faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4); las devoluciones en caliente en la frontera (disposición adicional primera); y, la prohibición del uso de pelotas de goma (artículo 23).
Y ¿por qué ahora sí saldrá adelante? La respuesta es sencilla, porque están en juegos los Presupuestos. De este modo, los de EH Bildu arrebatan la jugada al PNV y se alzan con el “premio”. Pero por qué los policías y guardias civiles se rebelan contra la modificación propuesta por los socios de Sánchez. Estos son los puntos más polémicos:
1 Grabar a las Fuerzas de Seguridad no constituirá infracción. Contemplaba la eliminación del ordenamiento jurídico de la prohibición de difundir imágenes de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin autorización previa.
2 Las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadas previamente. Esta medida chocaba con el artículo 21.2 de la Constitución que señala la obligación de comunicación previa a la autoridad en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones.
3 Se reduce el tiempo de la detención. Las personas que se negaran a identificarse podrían ser retenidas hasta dos horas, cuando antes el período máximo establecido era de 6 horas.
4 El detenido será devuelto al lugar donde se inició la intervención. En la ley del PP del 2015, el detenido permanecía en comisaría.
5 El atestado policial perderá la presunción de veracidad. Este cambio suponía un cambio radical, ya que, según los agentes, de la presunción de veracidad se pasaba directamente a la “presunción de culpabilidad”, lo que generaría gran “inseguridad jurídica”.
6 Cambio en la cuantía de las multas. Se eliminaba la intención disuasoria de las sanciones económicas y se pasaba a tener en cuenta la capacidad económica individual de cada persona. Un punto que la nueva coalición estaría dispuesta a recuperar.
7 DNI plurilingüe. En un claro guiño a sus socios nacionalistas e independentistas, el Documento Nacional de Identidad (DNI) iba a estar “configurado en las diversas lenguas cooficiales propias del lugar de residencia del solicitante”.
8 Cambios en el material antidisturbios. La norma establece que se utilice siempre el medio menos lesivo. De hecho, este punto fue clave para que los independentistas no apoyaran la reforma propuesta por el Ejecutivo, ya que insistían en la prohibición expresa de las polémicas pelotas de goma.
9 Evitar cacheos denigrantes y desnudos. En una de las enmiendas presentadas, se establecía que durante la actuación policial no se dejara a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes.
10 Infracción leve por tenencia de drogas. Hasta ahora, la posesión de sustancias estupefacientes, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en la vía pública y en establecimientos es una infracción grave.
