Cargos y excargos políticos van desfilando por las comisiones parlamentarias de investigación sobre los contratos de mascarillas y el guion se va repitiendo casi al milímetro, sin que aporten mucho para seguir engordando el escándalo político. Este lunes le tocó en el Congreso a los exresponsables del Gobierno de Canarias, una comunidad donde, además de la conocida como trama Koldo, la justicia investiga otros dos presuntos fraudes en la adquisición de tapabocas. El expresidente de la comunidad y ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se desvinculó de todos esos contratos bajo sospecha. Tanto él como su director de gabinete, Antonio Olivera, que dirigió el Servicio Canario de Salud al estallar la pandemia, negaron que sus tres contratos con la empresa Soluciones de Gestión por valor de 12,6 millones fuesen adjudicados por intercesión de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes y acusado de cobrar comisiones de esa firma.
Los exresponsables del Gobierno canario niegan que Koldo García les introdujese la trama
