Los presidentes de los tribunales superiores de justicia de toda España alertan de la “permanente descalificación” de la Justicia y de la “pérdida de confianza” ciudadana que este hecho conlleva, tras la ofensiva de acusaciones de “lawfare”. En las conclusiones de sus XIX Jornadas celebradas en Granada, los magistrados reclaman además “reforzar institucionalmente el Poder Judicial y resolver de una vez y para siempre la crisis institucional del CGPJ”, en funciones desde diciembre de 2018.
Asimismo, insisten en la importancia de preserar el modelo de Estado que consagra la Constitución, con un Poder Judicial “único e independiente”, como uno de los tres poderes clásicos. Del mismo modo, reiteran “la necesidad de respetar el principio de separación de poderes” y mantener al Poder Judicial “como garante de los derechos de los ciudadanos y cauce para la contención y control de la actuación de todos los poderes públicos, desde la perspectiva de su sometimiento pleno a la ley”.
En sus conclusiones, los presidentes de TSJ reiteran su preocupación sobre la situación general de la Justicia: su diseño constitucional, el encaje institucional del Consejo General del Poder Judicial, “su politización, real o aparente”, y los déficits organizativos y estructurales “que la lastran desde hace décadas”.
Y muestran con preocupación “la permanente descalificación” de sus funciones, “de nuestra legitimidad para decidir (que no al sentido de la decisión), que conlleva el creciente deterioro de la imagen de la Justicia, con el riesgo añadido de provocar pérdida de confianza por parte de la ciudadanía sobre nuestra
función”.
Los presidentes de los tribunales superiores también hacen hincapié en una queja recurrente: la insuficiente ratio de jueces por habitante. “Las proyecciones de futuro realizadas en el Plan Estratégico elaborado por el CGPJ -recuerdan- alertan de un importante déficit de jueces y magistrados en esta
década, como consecuencia de las vacantes que generarán las jubilaciones y la deficiente planificación de las convocatorias de selección para cubrirlas”.
De ahí que consideren que para hacer frente a esta situación es “imprescindible que, sin demora, cada año se realicen convocatorias de oposición de jueces entre 310 y 320 plazas, además de las que correspondan a los concursos del cuarto turno”.
Porque, según señalan, constituye “una anomalía” que en 2023 un 11,5 % de las resoluciones totales dictadas por jueces y tribunales fuesen adoptadas por jueces sustitutos y magistrados suplentes, “configurándose así dos clases de justicia: la profesional y la no profesional”.
En cuanto a la conciliación laboral, afirman que es necesario “conciliar la autonomía funcional de jueces y magistrados con la obligación de acudir al despacho oficial en horas de audiencia y en días hábiles”. Fuera de esos horarios, subrayan, “debería articularse el derecho a la desconexión tanto en relación a las tareas jurisdiccionales como a las gubernativas”.
Entre sus demandas, los presidentes de los tribunales superiores de justicia consideran necesario elaborar un plan de acceso para las personas con discapacidad.
