La Renta Valenciana de Inclusión (RVI) se aprobó en diciembre de 2017 y entró en vigor en abril de 2018. La artífice de esta ayuda social fue la entonces vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en la que ella misma la calificó como la ley estrella de su Conselleria.
Sin embargo, su puesta en práctica ha dejado evidentes deficiencias que el actual Consell está decidido a cambiar. Es más, algunas de las modificaciones propuestas ya estaban anunciadas por el Gobierno saliente, pero nunca se llegaron a ejecutar.
La Vicepresidencia de Servicios Sociales, que dirige Susana Camarero, tiene ya finalizado el anteproyecto de Ley de Renta Valenciana de Inclusión. Saldrá en septiembre a exposición pública y la intención es que pueda llegar a Les Corts durante el primer trimestre del próximo año. El director general de Inclusión, Pedro Carceller, explica a LA RAZÓN cuáles son las líneas básicas de estos cambios que tienen como único objetivo que esta ayuda pueda llegar a todas aquellas personas que la necesitan.
Los índices de pobreza en la Comunitat Valenciana son preocupantes. El 29,6 por ciento de la población vive sin los recursos mínimos o está en riesgo de exclusión. Este porcentaje ha ido aumentando en los últimos años, por lo que se concluye que la renta no ha tenido el efecto deseado.
«Si no es real, no es un derecho», remarca Carceller que precisa que en primer lugar hay que simplificar los trámites. En este sentido, la nueva legislación propone un único modelo de renta y no cuatro como hay en la actualidad. Además, la solicitud será mucho más reducida.
Restar trámites burocráticos y facilitar la entrega de documentación en el trámite son aspectos ligados al Plan Simplifica del Consell.
Otro de los puntos más importantes es que la RVI será compatible con el empleo. Hasta ahora el beneficiario de la ayuda tenía que elegir entre trabajar o recibirla. A partir de ahora, sí será posible, pues el objetivo es promover la inclusión social del beneficiario, algo que pasa por la entrada en el mercado laboral.
Sin embargo la realidad es que las personas que acceden a esta renta suelen encontrar muchas barreras para lograr un empleo estable, por lo que empuja a los beneficiarios a optar por mantener la renta en lugar de trabajar.
Otro aspecto fundamental es el hecho de que el ingreso de la renta tenga que realizar a través de una entidad bancaria.
El equipo de Oltra trabajó sin éxito para lograr un acuerdo con los bancos que permitiese abrir una cuenta a estos beneficiarios. Esta cuestión sigue sin estar solucionada y sigue habiendo solicitantes que se encuentran con que cumplen todos los requisitos para recibir la RVI menos este. Los bancos exigen percibir ingresos regulares, una nómina o condicionan la apertura de una cuenta con la adquisición de otros productos financiero.
La fórmula para salvar este obstáculo está prácticamente cerrada y pasaría por buscar medios de pago alternativos.
Carceller afirma que la ley se ha trabajado con las entidades implicadas, desde organizaciones del tercer sector hasta trabajadores sociales que conocen la problemática, entre otros.
