Que Alicante es la provincia número 52 de un total de 52 en inversiones en los Presupuestos Generales del Estados (PGE), es decir, el último puesto no es noticia, pero sí motivo de reivindicación por parte de diferentes administraciones públicas. Y este ha sido precisamente uno de los asuntos que han tratado hoy, en un encuentro de trabajo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino.
Al término del encuentro -que ha tenido como escenario el Ayuntamiento de Alicante- ambos han exigido al Gobierno central, una vez más y en declaraciones a los medios de comunicación, que la provincia deje de ocupar el último puesto en inversiones. Pero esta no es la única petición para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El propio Barcala, del Partido Popular, ha reclamado que se desbloqueen los 130 millones de remanente de tesorería para que así los propios alicantinos se beneficien de inversiones. Según el alcalde, la legislación vigente prevé que los remanentes solo se puedan usar para amortizar deuda, algo que, por tanto, impide que se utilicen para inversiones previstas en los presupuestos municipales.
“El Gobierno -en alusión a la Administración Estatal- no nos deja gastar nuestro dinero”, ha indicado. Al no poder disponer de los ahorros, ha proseguido, en referencia a esos 130 millones de euros, el Ayuntamiento alicantino recurre a lo que Barcala denomina «financiación exterior» o, dicho de otra forma, a préstamos.
Otro de los aspectos que han abordado Barcala y Merino es la reforma del sistema de financiación local y autonómico que, los dos a una, consideran necesaria.
